Reforma en las administraciones públicas

España no había acabado de restablecerse de la pasada gran crisis económica, cuando el 11-03-2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia que afectaba a todo el mundo como crisis de salud pública general que, a su vez, arrastraría otras crisis en todos los sectores. Los malignos daños, ya los conocemos: sobre 1.000.000 de fallecidos en el mundo y en España unos 45.000. Vayan mi pesar aflictivo por todos los que han tenido la desgracia de morir y mi condolencia y solidaridad con sus familiares.

Quienes hasta ahora tenemos la suerte de haber sobrevivido, deberíamos reflexionar más sobre lo pequeños e insignificantes que los humanos somos, pese a nuestra soberbia, arrogancia y prepotencia. Parece increíble que un “bichito” tan diminuto como invisible sea nuestro mayor enemigo que nos está venciendo, cambiando la vida y casi paralizando el mundo. Mueren personas, cierran empresas, cada día más trabajadores en paro y más gente por debajo del umbral de la pobreza en vulnerabilidad social severa; los grandes medios de producción e ingresos económicos, como el turismo, caen verticalmente, la economía está en regresión, los ingresos públicos se desploman, el gasto público se dispara y la deuda pública desbocada hasta más del 100 % del PIB. Algunos economistas avisan que nos empeñaremos para toda una generación, nosotros y nuestros hijos hipotecados hasta volver a la normalidad.

Se imponen la austeridad, el trabajo abnegado cuando se tenga, el control y la racionalidad del gasto. Nada de dispendios ni despilfarros, debemos comportarnos todos con la misma responsabilidad de unos buenos padres de familia; los individuos, la sociedad en general y el Estado el primero, todos, debemos dar ejemplo de buena gestión y administración para que en cuanto sea posible España sanee su economía. Y eso sólo se consigue con equilibrio presupuestario, no gastando más de lo que ingresemos; de lo contrario, seguiremos con déficit, desequilibrios y turbulencias económicas.

Hay que enfrentarse al mal con los principios económicos que nos enseñan equilibrar el presupuesto para poder salir de la crisis: O “aumentando los ingresos”, que nos llevaría a incrementar los impuestos; o “reduciendo el gasto”, que con esta segunda vía nos toparíamos con los que son imprescindibles para el mantenimiento de las Administraciones Públicas (Central, Autonómica, Local e Institucional). Tenemos 17 mini estados, 18 Parlamentos, 18 Defensores del Pueblo, 18 Consejos Económico Social, Delegados y Subdelegados estatales y autonómicos para parar un tren, Asesores a punta palas, 1.042 organismos autónomos, 961 mancomunidades, 82 comarcas, 82 consorcios, 52 Diputaciones Provinciales. Como mero ciudadano, me pregunto: ¿por qué los grandes partidos que han gobernado hasta con mayorías absolutas, nunca han hecho la gran reforma de las Administraciones Públicas que España tanto necesita, salvo leves pinceladas de disimulo para aparentar hacer algo?.

Pues, por el elevado número de puestos de trabajo y clientelismo político que entonces perderían (Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales, Consejeros, directores de empresas públicas y paraestatales, personal eventual de confianza nombrado a “dedo”, etc. Cargos todos a los que pueden acceder con un simple carnet de afiliado, en lugar de tenerlo que hacer mediante la superación de duras oposiciones ganadas con estudios, mérito y capacidad, como los funcionarios de carrera, que son los auténticos gestores y técnicos expertos en materia administrativa, ganando su plaza habiendo tenido que superar durísimas oposiciones que, sólo para poderse presentar, se les exige un título académico. Hasta cinco oposiciones tuvimos algunos que aprobar para promocionarnos desde la categoría más baja hasta la más alta en un Cuerpo Superior, que, a su vez, lleva ineludiblemente aparejado el doble esfuerzo y sacrificio de tener que superar antes desde el Bachiller hasta ser Licenciado o Doctor, teniendo que alternar estudios con trabajo.

Luego está la multiplicidad de Organismos para el desempeño de iguales funciones. Pongo un solo ejemplo: Delegaciones regionales y provinciales de la Hacienda estatal y las mismas de la Agencia Tributaria nacional e iguales autonómicas; más Dependencias de Hacienda en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales. Es decir, se superponen estructuras paralelas a las del Estado por las Autonomías y Entes Locales. Resultando que, además del “pastón” de miles de millones que eso cuesta, luego, a los sufridos contribuyentes nos trituran con tributos de todas clases que, a veces, ni siquiera saben qué Hacienda es la que les notifica o requiere; dándose con ello una pésima imagen de descoordinación, distorsión y disfunción que creo se podía evitar implantando una Ventanilla Única estatal de atención al ciudadano y otra autonómica.

Según el Misterio de Política Territorial y Administraciones Públicas, a primeros de 2020 teníamos en España 18.850 Unidades Administrativas (estatales, autonómicas y locales). Pero, ¿para qué?. Ejemplo: En el Parlamento Nacional: 350 Diputados del Congreso y 265 Senadores, más los 17 Parlamentos autonómicos. Durante las sesiones a menudo se insultan, descalifican y ofenden entre sí, forman “pataleos” y abucheos con acusaciones de “…y tú más”; algunos se duermen durante las discusiones como la televisión nos ha mostrado; o para, presuntamente, cobrar dietas de asistencia durante el confinamiento con los Parlamentos cerrados, según la prensa ha publicado. Para eso, sólo con la tercera parte de Diputados, Senadores y parlamentarios autonómicos, ¡cuánto mejor nos iría y cuánto dinero ahorraríamos!.

Indudablemente, las Autonomías nos trajeron aspectos muy positivos: acercamiento de la Administración a los administrados, su gestión más directa y conocida, desconcentración de competencias y servicios, etc. Pero también luego han sido aprovechadas para derrochar ingentes gastos. Son un “pozo sin fondo” creando en cada Autonomía numerosos organismos y funcionarios innecesarios, sobre todo eventuales de a “dedo”. En bastantes casos, las CCAA están sirviendo para discriminar los territorios y los ciudadanos, aumentar la desigualdad y la insolidaridad interterritorial entre regiones; no existe la armonización de impuestos ni servicios esenciales.

Ejemplo: si los Servicios de Urgencias de una Comunidad están a sólo unos kilómetros y los de otra quedan a cientos de kilómetros, llegando un paciente de esta última a pedir asistencia sanitaria a la primera por razones “urgentes” de cercanía o extrema gravedad, los Servicios hospitalarios suelen rechazarlos por no pertenecer el paciente a la propia Autonomía, cuando existe la “asistencia universal” y las Administraciones Públicas, por imperativo constitucional, deben servir con imparcialidad objetiva a los intereses generales y no exclusivamente a los suyos propios.

El Estado traspasó a las Autonomías numerosas competencias y servicios. Lógicamente, éstas tuvieron que aumentar sus organismos y funcionarios para poder atender esas nuevas competencias y servicios transferidos. Eso debería haber llevado aparejado la correspondiente reducción en los Ministerios de los organismos y funcionarios transferidos. Pero no, las plantillas estatales han seguido creciendo a la vez que las Autonómicas. Hasta 1,6 millones de funcionarios tienen ya las Autonomías y 1.100 Entes públicos. A principios de 2020 se había producido un incremento de 2.137 funcionarios más que en el año 2.019. Así, en España contamos ya con un total de 2.597.712 funcionarios que cuestan 53.500 millones de euros al año. Y en Economía ese dinero se clasifica como “improductivo”, porque son transferencias corrientes que no se pueden destinar a inversiones. Pagamos al año unos 8.000 millones sólo de intereses de la deuda pública (también “improductiva”), que alcanza ya el 100 % del PIB. Y en las Autonomías supera los 300.000 millones.

Con frecuencia ocurre que se prescinde de funcionarios superiores altamente cualificados que se tienen en las propias plantillas oficiales, para contratar servicios jurídicos privados. Eso, no se da en la Administración Central que son los Abogados del Estado, expertos jurídicos de gran profesionalidad, quienes la defienden en juicio; pero sí sucede en las Autonomías y Entes Locales, aun disponiendo de Gabinetes jurídicos a los que igualmente corresponde la defensa en juicio de los intereses de sus respectivas Administraciones. Entonces, ¿por qué motivo tienen que contratarse los servicios jurídicos de abogados privados, menospreciándose a los de plantilla, con el consiguiente gasto público que ello representa?.

España es generadora de riqueza, pero todo ese dispendio, despilfarro e irresponsabilidad en el gasto público, no puede soportarlo. Con el resultado luego de que a los contribuyentes se les muele con impuestos, tasas y contribuciones especiales. Las CCAA han creado 34 impuestos nuevos y han subido otros 84 desde 2012. Sólo en Andalucía el IBI aumentó hasta un 53 % en cinco años. Y eso es una barbaridad y un tremendo abuso. Se ha gastado una auténtica millonada en construir algunos aeropuertos después cerrados, sin aviones, como ejemplo de fantasía de algunas Comunidades. El Estado autonómico se creó con la finalidad de descentralizar y desconcentrar la Administración Central, para que los servicios públicos mejoraran estando más al servicio de los ciudadanos y el pueblo participara directamente en la toma de decisiones, acercando la Administración pública a los administrados.

Indudablemente, las CCAA han servido en muchos casos para dar una mayor participación al pueblo, gestionarle muchos servicios y resolverles problemas a las 8.123 corporaciones locales. En ese sentido, estupendo. Pero queriendo liberar a los ciudadanos del poder estatal centralizador, lo que en muchos casos se ha hecho es crear nuevas estructuras autonómicas superpuestas a las del Estado que no han hecho sino aumentar la burocracia, elevar descomunalmente el gasto público y convertir la descentralización llevada a cabo por el Estado en una recentralización regional todavía más fuerte respecto de la prestación de los servicios al ciudadano, de manera que si antes el centralismo estaba en Madrid, ahora está en las correspondientes capitales autonómicas. Hay algunas Autonomías en que los mismos funcionarios se estorban apiñados entre sí, de tantos como son. Y las plantillas deben estar racionalizadas, controladas y ser acordes con las verdaderas necesidades.

Desde el punto de vista político, económico y social, allí donde antes había unidad de criterio en la toma de decisiones, ahora lo que se da es un verdadero desbarajuste con tan abultada disparidad creadora de múltiples y serias disfunciones. Se crean numerosas normas contradictorias que promulgan los 17 Parlamentos autonómicos para la regulación de las mismas materias, en la mayoría de los casos desarmonizadas unas Autonomías con las otras y con normas estatales. Lo que en unas se permite en otras se prohíbe, como la desigual regulación de la caza con 17 licencias que hay que sacarse para poder practicarla a nivel nacional, cuando antes bastaba con una sola; la desigualdad en la regulación del comercio y los precios públicos, dándose el caso que pasar la ITV de los automóviles cueste casi el doble en algunas Autonomías respecto de otras.

Y luego está la guerra abierta entre Comunidades y de éstas contra el Estado. El Tribunal Constitucional está colapsado de recursos de inconstitucionalidad de las Autonomías contra el Estado y de éste contra aquéllas. Todo ello crea inseguridad jurídica, confusión, malestar general, desafección política, merma de confianza, fomenta y ahonda el individualismo al ver que cada Comunidad va exclusivamente a lo suyo. Y no digamos ya en materia de nacionalismos exacerbados y separatismos trasnochados. La Constitución está diseñada para que las regiones ricas paguen más a las pobres. Pero no como sucede en el País Vasco y Navarra, que las transferencias se producen en sentido inverso: son las regiones más pobres las que financian a dos de las regiones más ricas. Y he escrito muchas veces que no tributan las Autonomías, sino las personas, siendo nuestro sistema tributario “progresivo” (deben pagar más, los contribuyentes que mayores rentas obtengan).

El Estado autonómico, en su forma actual, se ha convertido en una fuente de desigualdades e insolidaridad entre los españoles, que reciben servicios que están más o menos dotados presupuestariamente según la región en la que vivan. Al menos el 45% del gasto autonómico no está relacionado con la Sanidad, ni con la Educación, aunque el análisis del gasto por habitante sugiere que también en esas áreas sería posible conseguir enormes ahorros sin afectar a la calidad de los servicios sanitarios y educativos, simplemente optimizando los recursos disponibles, porque en bastantes Autonomías el gasto en estos dos capítulos es a todas luces desproporcionado. Conclusión: pues que se necesita una profunda reforma que corrija tan graves defectos de las Administraciones Públicas.