Además de “incrementar la calidad de los servicios públicos”, “sostener el empleo” y “ampliar la eficiencia de los recursos disponibles”, el Presupuesto de la Ciudad Autónoma de Ceuta para el presente ejercicio se elaboró con la de “priorizar las políticas de gasto de carácter social”.
La red social de la administración local cubre actualmente a cerca de 13.000 ceutíes con un desembolso total de 3,76 millones de euros. Esa es la cantidad que, según fuentes de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, se destinó el año pasado a “atender las necesidades que las familias vulnerables de Ceuta fueron demandando durante 2023”.
El escudo social de la Ciudad tiene dos caras. Por un lado, el departamento que ahora dirige Nabila Benzina abona prestaciones económicas para cubrir necesidades básicas en relación con la cartera de servicios que cuenta la administración.
Durante el último ejercicio natural cerrado se empleó un total de 1,9 millones de euros incluyendo las prestaciones del Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), sus ayudas al alquiler y otras no periódicas.
Por otro lado, a través de siete organizaciones no gubernamentales se utilizaron otros 1,8 millones de euros con el mismo objetivo para llegar a más de 2.300 familias distintas, aunque algunas de ellas también son perceptoras de las primeras prestaciones, pues son compatibles y se regulan atendiendo a los requisitos establecidos en la normativa local.
En el caso del IMIS, cuya cuantía máxima se elevó en abril de 2023 a 760 euros mensuales, el número de beneficiarios se eleva a 835 y el de prestaciones a 1.883. Se trata de una prestación complementaria con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), con las ayuda de alquiler y con otras subvenciones y subsidios.
La cuantía máxima de las ayudas al alquiler también se elevaron el año pasado de 400 a 600 euros que se pueden cobrar hasta durante cinco años “con algunas excepciones muy concretas y determinadas en su reglamento”.
En 2023 se abonaron 2.592 prestaciones con 885 beneficiarios y 271 familias sin repetición, ya que es compatible con otras prestaciones salvo las concedidas por el mismo concepto.
Un total de 599 unidades de convivencia (con 1.784 beneficiarios) cobró en 2023 las denominadas “ayudas no periódicas”, concebidas para atender emergencias derivadas de situaciones sobrevenidas que deben ser atendidas de inmediato, apoyos públicos individuales (para prótesis, medicamentos, leche maternizada, vestuario...) y otros pagos únicos para el conjunto de la familia (facturas de suministros básicos como electricidad o agua, compra de alimentos y electrodomésticos fundamentales, mobiliario....).
El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) cifró en un 23,1% el porcentaje de población ceutí en situación de necesidad severa. La situación es especialmente grave entre los hombres (25,6%) y los menores de 18 años (30%).
Esa estadística está fuertemente cuestionada por la escasa muestra que toma el INE en Ceuta para elaborar su Encuesta de Condiciones de Vida. En 2013, un estudio específico contratado por la Consejería de Asuntos Sociales apuntó que el riesgo de pobreza de los hogares de origen árabe-musulmán era casi del 60%, mientras en la europeo-cristiana no pasaba del 13,5%.
La Consejería de Sanidad y Servicios sociales financia proyectos a entidades sin ánimo de lucro, concretamente “aquellos destinados a cubrir necesidades básicas a familias en situación de precariedad económica”.
En 2023 fueron un total de siete las entidades que recibieron fondos a través de convenios nominativos (un total de cinco: Cáritas, la Fundación Cruz Blanca, Luna Blanca, el Banco de Alimentos y Septem Solidaria) o del 0,7% del IRPF (repitieron Cáritas y la Fundación Cruz Blanca más Cepaim y Cruz Roja).
En el primer caso se repartieron 1,5 millones de euros, sobre todo para Cáritas, que con 450.000 euros llega a 600 familias y 2.400 beneficiarios, y el economato social de los Hermanos Franciscanos, que con 400.000 hace lo propio con casi 200 familias y algo más de 800 personas.
Según el último estudio elaborado ex profeso, la cobertura del sistema de prestaciones en la Ciudad alcanzaba hace diez años a un 78% del total de hogares en situación de pobreza. El 80% de los hogares en situación de pobreza severa (extrema o grave), percibía a principios de la década pasada al menos una prestación social, sobre to todo por desempleo.
El riesgo de pobreza y exclusión social se concentraba en las secciones censales de la vertiente sur, desde los barrios de Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, Loma Colmenar, hasta Pasaje Recreo, Patio Castillo, Almadraba, calle Argentina o Juan XXIII.
La cosa no ha cambiado mucho: actualmente las familias del centro, que estaría entre los cinco municipios más ricos del país, disponen de casi 63.000 euros netos al año, mientras que en el 6 no llegan a 24.000.
La brecha entre ambas caras de la ciudad se agrandó entre 2015 y 2021 un 13,2%.
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