La Red Española de Inmigración ha adelantado este miércoles que si
la Audiencia Nacional, como prevé, hace suyo el criterio del Ministerio del Interior y cierra la causa abierta contra la orden de la Secretaría de Estado de Seguridad que dio inicio a las “deportaciones” de
menores marroquíes migrantes solos ejecutadas a mediados de agosto desde Ceuta al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería, utilizará “todas las vías jurisdiccionales” para recurrir ante el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El director de la Red, Rafael Escudero, y el jefe de sus Servicios Jurídicos, Estanislao Naranjo, han lamentado el aparente “cambio de postura” que a su juicio está adoptando la Fiscalía, que en Ceuta apoyó la suspensión cautelarísima de las devoluciones sin procedimiento legal pero en la Audiencia no ha presentado alegaciones, con el supuesto propósito de “no contradecir al Ministerio”. “Este caso es importante para el movimiento migratorio porque por primera vez el cortafuegos de los delegados del Gobierno no deja indemnes a nivel judicial al ministro del Interior, al secretario de Estado o a la cúpula policial por una actuación de deportación, por eso interesa sobremanera que no prosiga este caso, pero tenemos la firme convicción de que no se ha obrado conforme a Derecho y de que se han vulnerado derechos fundamentales”, han advertido. Al margen del curso que tome su acción judicial, Escudero ha exigido a
la Ciudad Autónoma que declare la tutela formalizada de los menores que acoge desde mayo. “Si esto se alarga hasta más allá de la primavera de 2022, como intuímos, pediríamos el arraigo y los que alcancen la mayoría de edad habiendo pasado por la tutela de administración pública deben tener residencia temporal no lucrativa por un año”, ha alertado. “Que la administración local no esté asumiendo la tutela es otra conculcación de sus derechos, pero ante esa situación de hecho iniciaríamos un nuevo procedimiento Contencioso porque se habría incumplido la obligación sin culpa del menor”, ha argumentado el director de la Red, que opina que “las bravatas del Gobierno sólo le conducen a rozar la prevaricación”. “La Ciudad debe ejecutar la verdadera tutela: lo que está haciendo conduce a la regularización de todo aquel que haya pasado por sus dispositivos de acogida por un periodo superior a lo que pueda considerarse una ayuda de emergencia”, ha añadido.