El Ministerio Fiscal solicita penas de hasta 14 años de prisión para algunos de los componentes de
una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales desmantelada por la Guardia Civil en Ceuta, en 2019. En la causa figuran 13 acusados,
entre ellos una agente de la Policía Local y miembros de la misma familia, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales derivado de actividades de narcotráfico y organización criminal, según la información judicial a la que ha tenido acceso El Faro de Ceuta. Sigue fugado el cabecilla de esta ‘empresa criminal’, del que se sospecha que ha hecho su vida en
Marruecos y contra el que pesa una orden de busca y captura nacional e internacional. Su hermano, en igual condición, también permanece fugado de la justicia. Ambos, sabedores de que
la Guardia Civil les buscaba, optaron por eludir la acción judicial y hasta la fecha
no han sido ni localizados ni detenidos. Según la calificación provisional del Ministerio Público, de los 13 acusados, cuatro son responsables de un delito de blanqueo de capitales por el que pide 6 años de prisión y de otro de organización criminal, por el que pide 8 más. El resto es acusado por esos mismos delitos, pero con el matiz de que en el caso de la petición de cárcel por organización esta asciende a 5 años, es decir 11 en total. Las penas de cárcel van acompañadas de importantes peticiones de multa. Las investigaciones coordinadas por el OCON-SUR (Órgano de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España) en 2018 llevaron a constatar la existencia de una organización que, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de hachís por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta. Los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente. Ese negocio ilícito supuso la base del posterior blanqueo de los bienes obtenidos. En el marco de las investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado se ‘marcó’ al presunto cabecilla de este entramado en el que sus integrantes, a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo con los que pudieron adquirir un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y hasta ganadería con caballos de pura raza española. Muchos de ellos eran miembros de la misma unidad familiar, hicieron inversiones y obras de mejora en inmuebles para ocultar a través de la adquisición de dichos activos patrimoniales las ganancias obtenidas con las actividades de narcotráfico. Según la investigación de la Benemérita, la organización se servía de sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos, quienes conocían el origen ilícito de dichos activos a los que se daba apariencia de lícita procedencia sirviendo incluso para su titularidad.
La Fiscalía considera en su escrito de acusación inicial que
el cabecilla de este entramado llegó a simular el divorcio de su pareja, policía local, con el ánimo de ocultar el origen ilícito de los bienes adquiridos y ponerlos a salvo de las posibles responsabilidades penales en las que pudiera incurrir por sus actividades delictivas. De esta manera traspasaba a su mujer la mayor parte de los bienes y en realidad esa relación de afectividad se mantenía en plena convivencia después de esa disolución del matrimonio. Fruto de las investigaciones al detalle de la Guardia Civil, se pudo comprobar que el tren de vida de ambos no cuadraba con la capacidad económica legal y real, al ser titulares de gran cantidad de vehículos y embarcaciones, disponiendo de elevadas cantidades de dinero en efectivo que, considera el Ministerio Fiscal en base a las investigaciones de la Benemérita, fueron generadas por las actividades vinculadas al narcotráfico con las que pudieron nutrir sus cuentas corrientes mediante, por ejemplo, imposiciones de efectivo en metálico desde los cajeros. Los investigadores comprobaron cómo por ejemplo la acusada participó de las rentas de su marido en cuantías que exceden las obligaciones parentales acordadas en el convenio regulador y validadas por decisión judicial, lo que evidenciaba prácticas que no se ajustan a una separación, como el hecho de que la acusada concertara un préstamo de 80.000 euros para que su marido, entre otros detalles, adquiriera una nave industrial en el Tarajal cuatro años después del simulado divorcio. En la causa figura como acusada también la madre del líder de la organización, de la que la Fiscalía no tiene duda alguna de que era plenamente conocedora de las actividades de sus dos hijos fugados de la justicia, prestándose a aparecer ante el tráfico jurídico y económico como la titular de sociedades mercantiles, bienes inmuebles, vehículos o fondos dinerarios. A su nombre figuraba una hamburguesería en Alférez Provisional y a pesar de no constarle ingresos adquirió una vivienda en Málaga y titularizó vehículos y motos de gran cilindrada aunque no tenía siquiera carné.
Estos son solo algunos de los detalles de la amplia investigación que desarrolló la Guardia Civil que dio con sociedades mercantiles que figuraban como tapadera de orígenes ilícitos del dinero, dedicadas por ejemplo a la promoción y construcción de viviendas. Había que darle a todos esos bienes titularidades distintas, aunque esos titulares no tenían la capacidad económica como para haberlos adquirido de manera legal. Hay casos curiosos como el de otra de las acusadas, hermana de los fugados, que titularizó a pesar de ser menor de edad una ganadería de hasta 65 caballos de pura raza. La acusada carecía de ingresos para tamaña compra y para mantener esa ganadería, lo que condujo a la Guardia Civil a vincular su adquisición al líder de la organización, su hermano. Las investigaciones que sustentan la acusación del Ministerio Público desvelan todas las bases de una auténtica empresa de blanqueo marcada por operaciones para legitimar, purificar y reciclar capitales procedentes de la actividad delictiva introduciéndolos en el sistema económico.
Ganancias de origen narcodelictivo
Sin trabajo pero con vehículos a su nombre Entre los acusados que figuran en esta causa contra el blanqueo de capitales y organización criminal hay quienes han podido disfrutar de un elevado nivel de vida que no cuadra con los ingresos legales que les constan, lo que hace sostener a la Guardia Civil y al Ministerio Público la existencia de una actividad narcodelictiva a modo de sostén. En los registros domiciliarios que hicieron los agentes desplazados de la Península y también adscritos a la Comandancia de Ceuta, se hallaron cantidades de dinero en efectivo, algunas escondidas en dobles fondos, además de que, por ejemplo, en una vivienda había 67 relojes -algunos de conocidas marcas de lujo- y cuantiosos teléfonos móviles.
El blanqueo de capitales constituye un delito de difícil investigación al requerirse de la verificación de un origen ilícito de ese dinero que es introducido en el mercado legal como si procediera de una actividad reglada. El objetivo es incorporar esas ganancias que proceden del tráfico de drogas al patrimonio con total apariencia de legitimidad. Lo que no cuadra es el trabajo realizado con esos frutos. Se da el caso de un acusado que no solo carece de ingresos suficientes de procedencia legal sino que además es deudor moroso de la Tesorería de
la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. Pese a ello titularizó un todoterreno valorado en 31.000 euros y una moto de gran cilindrada puesta a nombre de un menor de edad. Consta en su cuenta imposición de cantidades en efectivo del que se desconoce la procedencia. Sin oficio ni trabajo conocido, sin hacer declaraciones de la renta, adquirió embarcaciones y vehículos y alquiló una nave en Málaga.
El patrón de comportamiento repetido en varios acusados
El perfil de personas en supuesto riesgo de exclusión social con un nivel de vida incompatible con esa situación de falsa apariencia Fruto de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil aflora un entramado delincuencial en el que prima la necesidad de ocultar el verdadero origen de cuantiosas ganancias económicas producto del narcotráfico. Llama la atención cómo uno de los acusados, que en el año 2016 presentó una renta anual de 3.000 euros, cobrando exiguas cantidades por desempleo y ayudas públicas, fue capaz de adquirir varios vehículos sin que en sus cuentas bancarias apareciera reflejada la forma de pago de los coches ni tampoco domiciliaciones bancarias o cobros con tarjeta. Esa supuesta precaria situación económica no fue impedimento para seguir adquiriendo no solo otro coche sino además una embarcación. La organización criminal destapada por la Guardia Civil pone en evidencia a más acusados que constan como morosos, sin actividad laboral alguna, que son receptores incluso de ayudas sociales pero que se sirven de familiares directos para que presten titularidad de bienes, siendo algunos de ellos incluso pensionistas. Sostienen un nivel de vida superior al de las personas que supuestamente están en riesgo de exclusión social.
Considera en su informe la Fiscalía que es evidente cómo se repite como característica común de varios de los acusados, que están o han estado desempleados durante largos periodos de tiempo o que no han realizado actividades laborales o profesionales que les puedan servir de medio suficiente y legítimo de vida. Realizan un “singular” manejo de dinero en efectivo con el que se relacionan tanto acusados como su entorno familiar directo a través de las adquisiciones de bienes de alto valor unitario como es el caso de los vehículos y las embarcaciones, sin desdeñar las operaciones de ingreso de billetes en cuentas bancarias, de forma habitual (ingresos periódicos de cantidades de pequeño o mediano importe) u ocasionalmente el depósito de sumas elevadas, estructuradas o no. Son personas que levan un ritmo de vida nada acorde con la capacidad económica legal. En este contexto, otro de los comportamientos de carácter financiero que les equipara es la no utilización de los depósitos bancarios así constituidos, o con los bajos sueldos y salarios cobrados en su caso, para afrontar el reto de gastos corrientes de todo hogar familiar, entre ellos los de alimentación, transporte, ocio o restauración que, lógicamente, deben sufragar en metálico habida cuenta de los escasos reintegros llevados a cabo.