Tras la "advertencia" de las centrales sindicales
CSIF y
UGT realizada esta semana en Ceuta, cuando exigieron una solución inmediata para los asuntos contenidos en el Acuerdo conseguido en febrero tras
la irrupción "histórica" en el Pleno de la Asamblea de ambas centrales sindicales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma, a través de la Dirección General de Recursos Humanos, ha convocado la
Mesa General de Negociación el próximo 25 de octubre para dar explicaciones sobre las denuncias realizadas por CSIF y UGT. Desde ambas centrales sindicales agradecen la pronta respuesta del director general de
Recursos Humanos pero, advierten de nuevo, "que no vamos a aceptar un 'no' por respuesta en cuanto a solventar de forma urgente la usurpación de derechos que han visto mermados los empleados públicos en asuntos de vital importancia como por ejemplo, la aportación al Plan de pensiones donde se les adeuda la alarmante cantidad de 750.000 euros a día de hoy de forma fraudulenta".
El Plan de Pensiones y la "tardanza" del Gobierno
Otros asuntos, como la indemnización por fallecimiento de un empleado público en activo, es otra de las grandes "irregularidades perpetradas" por el Gobierno que preside Juan Vivas "usurpando de nuevo, una ínfima cantidad económica, a viudas y descendientes de compañeros desgraciadamente fallecidos". Asimismo, y aun estando expectantes de la reunión a las que estos sindicatos han sido convocados, desde CSIF y UGT avisan que no están dispuestos a dejar pasar un día mas sin que los objetivos "marcados y conseguidos" en el Acuerdo de Necesidades firmado entre febrero, entre los que se encuentran los asuntos referidos en esta nota de prensa –recuperación de derechos, Plan de pensiones y la indemnización por fallecimiento–, sean "abordados y solventados".
CCOO se congratula por la convocatoria de una reunión “gracias a nuestras presiones”
La Sección Sindical de Comisiones Obreras (
CCOO) en la Ciudad se ha congratulado este viernes en una interna a todos sus afiliados por la reunión que ha convocado “gracias a nuestras presiones” el director general de Recursos Humanos, Emilio Carreira, con el fin de analizar con las centrales representativas en la administración local los avances en el cumplimiento de los acuerdos adoptados el pasado mes de marzo. La cita tendrá lugar el miércoles de la próxima semana y en ella el Ejecutivo local tendrá la oportunidad de escrutar con la parte social si ha habido o no algún progreso en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Ciudad, el compromiso de Vivas de pagar los mismos complementos a quienes hacen el mismo trabajo, la funcionarización de personal laboral fijo, la recuperación de las aportaciones al Plan de Pensiones o la creación de una alternativa al Premio de Jubilación declarado ilegal por la Justicia. En relación con la RPT el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, aseguró el pasado mes de septiembre en el Pleno que el Gobierno local mantiene su idea de presentar “en meses” una propuesta de documento que pueda ser aprobado esta legislatura. Gobierno y sindicatos también pactaron en primavera constituir la comisión de valoración de los puestos de trabajo para determinar los que deben percibir los pluses de manejo de terminal, toxicidad y peligrosidad conforme a cada una de sus modalidades para acabar con los agravios comparativos que la parte social denuncia que se producen actualmente entre trabajadores. Igualmente se consensuó crear un grupo de trabajo técnico “para el estudio de una forma de compensación a todos los empleados públicos conforme a la legalidad vigente dada la situación creada por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a los premios de jubilación y el dictamen reciente del Consejo de Estado al respecto”. Este asunto es especialmente complejo e incluye como derivada un procedimiento del Tribunal de Cuentas de responsabilidad contable por alcance por el abono de 437.000 euros a 15 empleados públicos en 2018. El acuerdo de marzo también recogía convocar de manera inmediata la Mesa General de Negociación para aprobar la continuidad del personal fijo discontinuo, incoar un expediente para la funcionarización del personal laboral (el Consejo de Gobierno acordó impulsar un “único proceso” para cerca de 400 trabajadores) y restablecer la contribución de la Ciudad al Plan de Pensiones de 220.000 euros anuales. En relación con ese último aspecto para CCOO “se trata de un problema de voluntad política, no legal, porque no hay ningún impedimento jurídico y hay que pagar tanto las cantidades de este ejercicio a final de año como las de los dos últimos años”, argumenta José Antonio López.