La Ciudad Autónoma todavía no ha contestado al recurso potestativo de reposición que un particular interpuso ante la Administración local el 24 de julio contra el Decreto del
consejero de Sanidad que reforzó
la obligación de utilizar
mascarilla de manera permanente en Ceuta. El autor del escrito solicitó expresamente la suspensión del acto administrativo impugnado y considera que, en caso de no obtener respuesta en el plazo de un mes (se cumple el próximo lunes), como ya sucedió con su recurso contra las limitaciones de acceso y aforo en las playas, quedará “automáticamente” fuera de vigencia, ya que la Ley de Procedimiento Administrativo estipula que “la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto”.
Las Fuerzas de Seguridad han impuesto durante las últimas semanas más de medio millar de
propuestas de sanción por incumplimientos en el uso de tapabocas. Fuentes de la Ciudad dejaron claro este martes que las mismas no corren riesgo en ningún caso de ser anuladas, pues se han tramitado en aplicación de la normativa estatal, no del Decreto local recurrido por “carecer de capacidad normativa plena” y por “vulnerar la libertad y la intimidad de las personas, Derechos Fundamentales de la Constitución Española”.
Literalmente, el recurso alerta de que “el Decreto infiere el deber de cautela de los poderes públicos” e “incurre en falta de motivación, pus se hace eco de una retahíla de competencias y huelgan argumentos a informes técnico-sanitarios o de evolución de la ‘pandemia’ que puedan justificar tal imposición”.
“El acto administrativo impugnado incurre en inseguridad jurídica y arbitrariedad y vulnera el artículo 9 de la Constitución”, prosigue el escrito, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso este periódico, que pide su “revocación”.