La recurrente llamada al recorte de las pensiones

Es un hecho incuestionable que cada vez que hay crisis económica, independientemente de los culpables de esta, los representantes del neoliberalismo pretenden meter la tijera donde más pueden sacar, a saber, las exiguas pensiones de nuestros ciudadanos, los sueldos de los funcionarios, ya sea en forma de congelación salarial, o en la de tasas de reposición cero, o el sistema sanitario. La premisa de la que parten es simple. Todo lo público es sinónimo de despilfarro. Todo lo privado es eficiente y genera crecimiento económico. Esto es para ellos una ley natural, cuasi de origen divino, imposible de rebatir.

Estas eran las teorías de las que partieron clásicos del pensamiento económico como Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David Ricardo; o incluso Thomas Malthus, que con su famosa teoría del crecimiento exponencial de la población influyó mucho en dicho pensamiento. Keynes, al que no se podía tildar de comunista precisamente, demostró que el incremento del gasto público generaba crecimiento y desarrollo económico en determinadas situaciones, como en las de crisis de demanda y bajo consumo similares a la actual.

Pero los representantes modernos más influyentes de este pensamiento clásico fueron sin duda Friedrich Hayek y Milton Friedman. Sobre todo, éste último, cuyas teorías fueron seguidas al pie de la letra por los tecnócratas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, o por Margaret Thatcher en Inglaterra y por el actor, reciclado a presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Todos ellos causaron mucha desigualdad y sufrimiento en el mundo. Bajo su manto protector, los ricos consiguieron, y lo siguen haciendo, ser más ricos que nunca. Hasta el punto de que multimillonarios con algo de conciencia, como Gates, Soros o Buffet, entre otros, han pedido de forma reiterada pagar más impuestos.

Con la actual crisis sanitaria internacional, en lo que casi todos los analistas y gobiernos coinciden es en que la solución pasa por incrementar el gasto público en inversiones productivas y en incentivos al consumo. La aprobación en Alemania del programa de estímulos de 130.000 millones en junio fue un claro mensaje de la canciller Angela Merkel al resto de países. Quedaba un pequeño reducto de seguidores de la austeridad económica, encabezados por el primer ministro holandés, Mark Rutle, para que se aprobaran ayudas para los países del Sur de Europa, que finalmente fueron superadas. Sin embargo, desde los cuarteles generales de los partidos conservadores y de extrema derecha española, se vuelve a la carga una y otra vez, desde distintos frentes.

Desde el frente político, la estrategia de desgaste al gobierno progresista de España es continua. Comenzó con la pandemia, que está siendo utilizada como arma de desgaste político. Hasta que les ha tocado a ellos gestionar la crisis. Madrid, con más del tercio nacional de repuntes y muertes por la pandemia y una capital paralizada por zonas (los barrios pobres, primero, como habrán pedido los del barrio de Salamanca). Andalucía, con un contagio comunitario en Málaga ocultado, una atención primaria paralizada y una sanidad que comienza a notar el colapso nuevamente. Ahora sí piden colaboración al Gobierno de España.

Pero no se han quedado ahí. La negativa a renovar los órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, o el Consejo de Radio Televisión Española, es una clara declaración de rebeldía frente a la Constitución Española, solo igualada por el envite de los separatistas catalanes. Por último, su negativa a facilitar la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que permitan el uso adecuado de las ayudas aprobadas por la Unión Europea, es un evidente empeño en dinamitar la grave situación económica por la que se atraviesa a consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

Desde el frente judicial, miles de leguleyos a sueldo de estos aparatos, se empeñan en seguir adelante con sus demandas penales contra el Gobierno de España. Que yo sepa, no hay querellas similares contra la presidenta de Madrid Diaz Ayuso, o contra el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pese a su responsabilidad en la gestión sanitaria y en la gestión en educación (vuelta al colegio y a las universidades seguras). Cuando la fiscalía general del Estado dio luz verde a las acusaciones contra Unidas Podemos, se callaron. Ahora que esta misma fiscalía razona que las querellas contra el gobierno por su responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria carecen de fundamento, la emprenden contra el gobierno por una supuesta manipulación de esta fiscalía.

Desde el frente económico, muchos analistas a sueldo de los grandes centros de poder comienzan a lanzar mentiras sobre la supuesta salud financiera de la Seguridad Social. Incluso desde el Consejo General de los economistas españoles, se permiten a opinar sobre cuestiones en las que no hay consenso generalizado entre sus miembros. Así, en un impactante titular “El gasto que desangra España”, culpabilizan a las pensiones, los salarios de los funcionarios y los intereses de la deuda, de esta supuesta “sangría”. Lógicamente, la conclusión a la que llegan algunos de los analistas citados es la de “congelar” estas partidas y diseñar unas cuentas flexibles que permitan redistribuirlas en el momento en el que lleguen los fondos de Bruselas. Es decir, congelar las partidas de los pensionistas y funcionarios, y flexibilizar la redistribución de los fondos de Bruselas, para que lleguen a las grandes compañías del IBEX. Bien. Veamos algunos de los datos que se dan.

Para algunos, la brecha entre gastos e ingreso se agranda cada ejercicio por la ineficiencia de la recaudación por impuestos y cotizaciones sociales y el derroche de gasto en partidas totalmente prescindibles. Paradójicamente la ineficiencia del sistema fiscal tiene que ver, para ellos, con el excesivo nivel de economía sumergida (hasta un 22% del PIB), pero quieren que se congele la oferta de plazas de nuevos funcionarios (por ejemplo, Inspectores de Trabajo o Inspectores de Hacienda que ayudarían a combatirla). Nada se habla de los millones de euros que se esconden en paraísos fiscales.

Pero, otros analistas, como Rafael Myro, de la Universidad Complutense, mantienen que el gasto público en España, en porcentaje del PIB, es inferior al de la Eurozona, al igual que el porcentaje global de recaudación impositiva. Así, gastamos menos en pensiones, salud, servicios generales, gastos sociales, educación, actividades económicas, vivienda y servicios comunitarios. Superamos la media de la Eurozona en desempleo (lo cual es normal en esta situación), orden público y seguridad, y medio ambiente (esto es muy positivo). Nos mantenemos casi igualados en cultura y actividades recreativas. Comparando con los países de la OCDE, nuestro gasto público en porcentaje del PIB, solo es inferior en EEUU (país ultraortodoxo seguidor del neoliberalismo), siendo superados por Alemania, Suecia y Francia, y en medida por toda la Eurozona.

Recuerdo que estuve tres meses en Honduras, trabajando para el Ministerio de Trabajo de aquel país, como consultor de la Seguridad Social española. Mi tarea allí consistió en hacer un diagnóstico de la situación en la que se encontraba su sistema sanitario y de prestaciones de la Seguridad Social y proponer alternativas de mejora. En aquellos momentos estábamos en plena fiebre internacional a favor de la privatización de todos los sistemas de pensiones y sanitarios. En Chile lo habían hecho (hoy se arrepienten muchos). Entre los documentos que manejé había uno muy importante, realizado por Peter R. Orszag y Joseph E. Stiglitz para el Banco Mundial titulado “Diez Mitos Sobre los Sistemas de Seguridad Social”. De este importante documento conviene recordar, ahora que las grandes compañías aseguradoras y sanitarias vuelven al ataque de nuestro sistema público de pensiones, que el sistema privado, ni es más rentable que el sistema público de reparto, ni aumenta el ahorro nacional, ni el sistema público tiene una tasa decreciente de rentabilidad. Lo que tiene, en nuestro caso, son muchos otros gastos que no deberían de incluirse en el mismo, al ser prestaciones universales que han de financiarse vía impuestos. Tampoco es cierto que los incentivos en el mercado laboral sean mejores en un sistema privado de pensiones, ni que las pensiones públicas fomenten un retiro anticipado, pues hay formas de desincentivarlo. Por último, es totalmente incierto que la gestión pública sanitaria o de pensiones es ineficiente.

Lo que sí ha quedado claro en esta crisis sanitaria (que, según los expertos, no será la última, por desgracia), es que, si nuestro sistema sanitario público no hubiese estado bajo mínimos, tras años de recortes, se podrían haber evitado muchas más muertes. Y si nuestros funcionarios hubieran contado con plantillas suficientes, no se hubieran producido colapsos en la gestión del desempleo o el Ingreso Mínimo Vital. Es decir, todo lo contrario a lo que pretenden hacer toda esta tropa de supuestos expertos a sueldo de las grandes corporaciones sanitarias y de seguros.

Así que no nos vendan más bulos, que nuestro Estado de Bienestar goza de buena salud.