El decreto del consejero de Sanidad, Javier Guerrero, con medidas preventivas restrictivas “para evitar la propagación de la COVID-19” como consecuencia de la actual situación epidemiológica en la ciudad publicado el pasado lunes en el BOCCE ha recibido un recurso potestativo de reposición presentado un por un particular que ha solicitado que sea revocado o, cuando menos, suspendido si en el plazo de un mes no recibe respuesta.
El recurso considera que la resolución de Guerrero es “nula de pleno derecho” y que “vulnera el principio de legalidad y la jerarquía normativa, incurriendo en seguridad jurídica y cercenando el mandato del artículo 9 de la Constitución”.
A juicio del recurrente el rubricado por el consejero es un acto administrativo “que afecta fundamentalmente a la libertad y a la intimidad de las personas, derechos fundamentales proclamados en la Constitución, y carente de competencia”. “No se está en ningún estado de emergencia que pudiere amparar tales restricciones y limitaciones”, advierte en relación con, entre otras, las prescripciones que incluye para cerrar las playas para las actividades ocio y esparcimiento en horario nocturno.
“Un decreto no puede vulnerar la libertad de las personas ni su intimidad y la Ciudad Autónoma carece de capacidad normativa plena”, añade el recurso, que también solicita tener acceso a la resolución de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla que supuestamente avaló las restricciones introducidas.
Desde el Gobierno de Ceuta se trasladó el documento al TSJA para disponer de todas las garantías jurídicas ante una posible denuncia. El órgano judicial informaba de manera favorable sobre este conglomerado de medidas. Entre ellas, se encuentra limitar aún más las celebraciones tanto al aire libre como en espacios cerrados. Se sigue necesitando autorización previa por parte de Sanidad, pero se permitirá al aire libre un máximo de 75 personas y de 50 en espacios cerrados.
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