Tres años después de los sucesos del 6F y tras la marcha por la dignidad que tuvo lugar el pasado sábado, ayer continuaron los actos de homenaje a los 15 fallecidos en su intento por bordear el espigón del Tarajal. Hubo recuerdos en nuestro país pero también los hubo en la tierra de la que partieron los fallecidos, en donde sus familiares han constituido una asociación para reclamar justicia.
Así, diputados del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Podem Comú-En Marea y de Compromís, acompañados por representantes de asociaciones de apoyos a los inmigrantes, guardaron un minuto de silencio en el Congreso a las quince víctimas de la “ignominia” de la frontera del Tarajal. Al término del minuto de silencio en la Puerta de los Leones al que asistió el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de su grupo y guardia civil, Juan Antonio Delgado, la diputada de Unidos Podemos Ione Belarra criticó que tres años después de aquella tragedia no haya dimitido ningún responsable político, tal y como recogieron las distintas agencias informativas.
Belarra denunció que no se concediera el visado a las familias de las víctimas para que pudieran reconocer los cuerpos y pudieran llevarlos a sus países de origen para darle sepultura de acuerdo a sus creencias.
“Es algo que incumple los derechos humanos”, alertó. De los fallecidos, varios están enterrados en Santa Catalina, pero solo uno pudo ser identificado por la Guardia Civil. De hecho este asunto ha sido uno de los puntos más criticados por las familias de las víctimas y las propias oenegés, que se diera más tiempo antes del entierro para hacer lo que sí se ha hecho en Marruecos, que es identificar antes de tomar cualquier decisión.
Marcelo Expósito, de En Comú Podem, remarcó que el mantenimiento de los CIE es una “vergüenza” para la democracia y acusó al Gobierno del PP de alentar la xenofobia y el racismo con sus políticas fronterizas.
Desde Compromís, Enric Bataller confía en que la continuación de la investigación del caso en los juzgados desvele algo de luz sobre lo que ocurrió en el Tarajal hace ahora tres años.
Bataller cree imprescindible que los dos responsables políticos de aquella tragedia, el entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, asuman sus responsabilidades después de que incurrieran en “numerosas contradicciones”.
El diputado de Compromís denunció además que aquellos hechos sirvieron para que el Gobierno endureciera la legislación en materia de inmigración legalizando las “expulsiones en caliente” en contra de los convenios internacionales. Precisamente, tras el 6F la Guardia Civil recibió una orden interna para no utilizar más pelotas de goma y material antidisturbio en el vallado.
También el representante de la Coordinadora de Barrios, Javier Baeza, criticó la “ignominia” de la muerte de aquellos quince inmigrantes y que no se concediera el visado a sus familiares para algo “tan humano” como reconocer a sus hijos, lo que demuestra que la democracia española es “precaria”. “Hay muchachos enterrados en Ceuta cuyos cadáveres no están identificados”, dijo.
Además de ese minuto de silencio, en el Congreso se celebró la jornada ‘Dignidad y Justicia en las fronteras. Homenaje a las víctimas del Tarajal’, en la que se proyectarán dos documentales sobre las muertes.
Precisamente desde allí se conectó con el homenaje que las familias de las víctimas que se realizó en Duala (Camerún) y se celebró un coloquio con representantes de Caminando Fronteras, CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatorio DESC. Las familias reclaman que se haga justicia “ya que nuestros hijos también tienen dignidad”, recogía la activista Helena Maleno en su perfil de Facebook. Así también se cuestionaba por qué se sigue negando la visita de familiares de las víctimas para que puedan despedirse de sus hijos, al no concedérseles el visado al entender que no existe justificación para el viaje.
En redes sociales hubo un seguimiento a las noticias de los 3 años de Tarajal siendo, de hecho, las más comentadas.
Marruecos no ha contestado la comisión rogatoria para colaborar judicialmente con España a la hora de esclarecer los hechos ocurridos el 6 de febrero de 2014. El inicio del intento de entrada se produjo en el lado marroquí y muchos de los fallecidos quedaron al otro lado, en donde se practicaron autopsias que no se han dado a conocer por la vía oficial. El juzgado de instrucción número 6 que continúa con las investigaciones después del auto dictado el pasado mes de enero por la Audiencia Provincial necesita de la colaboración del vecino país para disponer de datos necesarios que enmarque en las investigaciones avanzadas.
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