Reclaman que no se exija el padrón para viajar con billete bonificado

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se suprima la disposición adicional 73 que establece que la condición de residente extrapeninsular para disfrutar de las bonificaciones al transporte deberá acreditarse a partir de este verano “mediante el certificado de empadronamiento en vigor” y que “reglamentariamente podrán establecerse otros medios” añadidos o que sustituyan a este documento.
Los parlamentarios socialistas en la Cámara Baja entienden que puesto que en 1997 la legislación ya dispuso “la simplificación de la acreditación de la condición de residente mediante el documento nacional de Identidad (DNI)” y que, por tanto, “la introducción de esta disposición supondría un retroceso y colocaría en situación de desventaja a los residentes en las Islas Canarias, Islas Baleares y en Ceuta y Melilla en cuanto a su movilidad”.
La diputada Ana María Oramas, de Coalición Canaria (CC), también argumenta no es correcto exigir el certificado de empadronamiento de la condición de residente. A su juicio, lo que debe hacer la Administración General del Estado es “habilitar, directamente o a través de convenios con las Administraciones Autonómica o Local, los medios telemáticos necesarios para comprobar la condición de residente”.
“Se pretende agilizar la comprobación en aras de evitar un hipotético fraude por los medios telemáticos que permitirán la consulta a las bases de datos de empadronamiento disponibles por las Administraciones Públicas”, defiende. “No debe recaer en el ciudadano”, considera la política del archipiélago, “justificar tal acreditación cuando así ya ha de ser plenamente constatable por la Administración correspondiente”.
Oramas ha formulado otra enmienda en la que solicita que se supriman de los Presupuestos los párrafos que, a su juicio, dejan “desprotegidas” las partidas destinadas a pagar las subvenciones al transporte en caso de agotarse.
“En razón a los derechos legalmente establecidos a favor de los residentes en los territorios insulares y las ciudades de Ceuta y Melilla que no pueden ser mermados por no disponer de crédito suficiente”, advierte.