El Gobierno de la Ciudad ha anunciado, de manera pública y solemne (al menos así se debe considerar un discurso pronunciado en el Pleno de la Asamblea), su disposición a asumir el principio de “realidad consolidada” en materia urbanística. Eso significa que los instrumentos de planeamiento deben concebirse, y aprobarse, de modo que proporcionen cobertura legal a edificaciones y equipamientos de diversa condición que se encuentren actualmente, y desde hace muchos años, “fuera de ordenación”.
No parece que esto sea muy discutible en una Ciudad que perdió el control del desarrollo urbano en fechas ya difíciles de divisar. Ceuta no ha sabido crecer. La complicada gestión del suelo (en especial el eterno conflicto de titularidad aún no resuelto); la carencia de un modelo de Ciudad definido y consensuado (como consecuencia de la obtusa visión de la Ciudad de los sectores más reaccionarios, que no terminan de entender ni asumir los hechos consumados); y la contumacia en la deficiente utilización de todos los instrumentos de política urbanística (incluyendo los presupuestarios); han propiciado la existencia de dos planos paralelos sin apenas conexión: un avance imparable y caótico de la trama urbana impulsado por la iniciativa privada al margen de los procedimientos establecidos, que sigue sus propias reglas, sin orden ni previsión alguna; y una actuación institucional contemplativa, encerrada en su propia burbuja normativa, que se limita a intentar infructuosamente “actualizar” permanentemente sus documentos en una absurda carrera sin final. La realidad es siempre inalcanzable para administración.
En este contexto es fácil concluir que no hay alternativa a la flexibilidad y la transigencia como fundamentos de una posible vuelta a la normalidad. La opción de proceder a la demolición inmediata de miles de viviendas y centenares de calles sólo queda para los psicópatas (que también los hay). Pero lo que no se puede hacer es utilizar este criterio, en principio de loable intención, como una herramienta de discriminación, aplicándolo de manera arbitraria, y lo que es peor, con una finalidad perversa que nada tiene que ver con el urbanismo. Esto es lo que está sucediendo.
En Ceuta existen barrios completos (“fuera de ordenación”) que no disponen de los elementos más elementales de urbanización (asfaltado, red de saneamiento iluminación…) Cuando se reclama atención e inversión para dignificar la vida de las familias que allí residen (todas ellas españolas) se contesta, con soberbia y arrogancia que “el Gobierno no actúa en asentamientos ilegales”. Sin embargo, cuando el mismo Gobierno pretende promover una actuación de su interés, en una zona que ellos consideran noble, la misma “fuera de ordenación” pasa a convertirse en una “realidad consolidada”.
Es el Gobierno el que determina cuando está ante un “asentamiento ilegal” y cuando ante una “realidad consolidada”. El lenguaje nunca es inocente. Llamar a dos situaciones legalmente idénticas con dos denominaciones radicalmente diferentes tiene una (fuerte) carga política. No es la situación urbanística (objetiva) la que justifica la categoría asignada, sino las personas que la disfrutan (subjetivas). No es una cuestión de legalidad ni de política urbanística; sino de fortalecer y exhibir un determinado y peligroso posicionamiento político. Un “asentamiento ilegal” es la conclusión de una “invasión” (término revitalizado últimamente por la extrema derecha). El PP, al menos en Ceuta, debería medir mejor las consecuencias de su galopante cabalgada hacia la radicalidad. Por el bien de todos.