La Inspección Educativa ha elaborado un informe sobre los recursos humanos y materiales existentes en Ceuta para atender al alumnado con necesidades especiales o específicas de apoyo educativo que concluye que la dotación de los
centros “es adecuada”, aunque asume que “cualquier recurso extra que se determine por el órgano competente, ya sea estructural o complementario, favorecería el principio de equidad en la escuela”, lejos de las exigencias de la Plataforma educativa que exige contar desde septiembre con entre 60 y 80 efectivos extra para atender de forma “digna” a los escolares más vulnerables. El Servicio concede que se debería “prever con tiempo” la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral del
Ministerio de Educación y Formación Profesional “una vez que se decida la creación de nuevas aulas específicas o comedores escolares” y que se “agilicen” los procesos de contratación y la gestión de las bajas que se produzcan en el seno de este colectivo, algo que “ya ha solicitado” la Dirección Provincial a los Servicios Centrales. El estudio precisa que los tres centros con una sola línea de la ciudad (los CEIP Ruiz Picasso,
Vicente Aleixandre y
Rosalía de Castro) disponen de un especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y otro en Audición y Lenguaje (AL), así como de tres maestros de apoyo, “uno más de lo establecido en la Ley”. En los de dos líneas, un total de nueve, también “se cumple la normativa”, con entre cuatro y dos docentes de PT y de uno a dos, según el caso, de AL, en función de su número de unidades, de alumnado con necesidades o de su afectación. En todos existen, además, cinco maestros de apoyo, también “uno por encima” de lo estipulado en la legislación si se descuenta a los que cubren el horario del equipo directivo. En los cinco colegios más grandes (los CEIP
Lope de Vega, José Acosta, Ortega y Gasset, Reina Sofía y Ciudad de Ceuta) “se cumple” igualmente la ratio de al menos un especialista de PT por cada 9 unidades y se incrementa el número de los de AL. Cada centro dispone de media docena de maestros de apoyo. “Todos los centros, independiente de su número de líneas, están por encima del cupo legal”, resume el informe, que además recuerda que existe un “cupo itinerante de 22 maestros de casi todas las especialidades” que “cubren las primeras sustituciones y apoyan si no se producen bajas”.
Una “dificultad” en los IES
En los seis de la Ciudad, su dotación de docentes de PT y AL asciende actualmente, de acuerdo con los números recopilados por la Inspección para el Foro de la Educación, a entre cuatro y dos de la primera especialidad y de dos a 0,5 cupos de la segunda. No obstante, cada equipo directivo “puede aumentar el número de recursos de maestros especialistas de PT y AL disminuyendo el de docentes para laboratorios, desdobles u otras medidas de atención a la diversidad que se puedan adoptar, que en el caso de Ceuta estaría estimado en un 10% de la plantilla total, lo que supera el mínimo establecido en uno por cada nueve unidades”. La “única dificultad” conocida por el Servicio se refiere a “el retraso en la incorporación de un intérprete de la lengua de signos para un alumno que cursa FP”, pero alega que “todo el procedimiento que se lleva a cabo desde la Dirección Provincial, incluido el proceso selectivo, tuvo lugar en tiempo y forma”. La demora se debe a “la fecha en la que autoriza los Servicios Centrales su contratación, que para próximos cursos debería ceñirse al comienzo de curso”, opina. Para terminar, el Servicio valora que “la apertura de dos nuevas aulas específicas TEA y de tres de Educación Especial” este curso ha sido “un hecho sin precedentes” en la ciudad. “Esta situación ha implicado el incremento de 10 especialistas de PT y AL y ha generado una necesidad de plazas estructurales de ‘cuidadores’ en todos los colegios que ha podido generar descontentos entre las familias afectadas, ya que la contratación de personal laboral no se produce con la agilidad del docente, hecho que se ha minimizado con los Planes de Empleo a la espera de consolidar estas plazas por parte del MEFP, cuestión que ha generado controversia”.
“Los puestos del Plan de Empleo no pueden tener carácter estructural”
La Inspección deja claro en su informe que “los puestos que se aportan por los distintos Planes de Empleo nunca deben tener carácter estructural, ni los docentes ni los laborales”, y anima a los sindicatos a “velar por el estricto cumplimiento de la norma vigente”. No obstante, advierte que “si se consolidaran todas las plazas anuales que se aportan desde esos programas se entraría en un bucle infinito”. Su propuestas es “que se tenga en cuenta, si se modificara la normativa que regula la atención a la diversidad a raíz de la LOMLOE, la utilización de parámetros objetivos como ratio de alumnado atendido por número de especialistas o cualquier otro parámetro que pueda objetivar la necesidad de estos recursos como plaza estructural”.
Más especialistas, menos necesitados
Según las cifras que maneja la Inspección Educativa, la ratio de estudiantes con necesidades especiales atendidos por cada especialista en PT o AL en los centros públicos de la ciudad ha pasado en cuatro cursos de 7,1 a 5,3 gracias tanto al incremento del número de los primeros (han pasado de 117 en el año escolar 2018-2019 a 146 en el actual) como a la reducción de la cifra de los primeros, que ha caído de 834 a 779. En los concertados el alumnado con ese perfil ha pasado, sin embargo, de 75 a 110 y el volumen de especialistas disponible, de 8 a 12,5, con lo que su ratio ha evolucionado de 9,3 a 8,8. En el CEE San Antonio han pasado de 33,5 a 38 los PT y AL existentes, mientras que el alumnado ha caído de 140 a 126 estudiantes (la ratio se ha reducido de 4,1 a 3,3).
El CEE San Antonio “sí podía” operar sin Plan de Empleo
El análisis de la Inspección Educativa sobre la situación en el Colegio de Educación Especial (CEE) de San Antonio es concluyente a la hora de aseverar que “no se ajusta a la realidad la lectura de que no podía funcionar sin los recursos del Plan de Empleo” de la Ciudad. Pese a que allí se producían las carencias denunciadas por su AMPA y la FAMPA en las que se han visto posibilidades para que prosperase una denuncia judicial, la Inspección opina que “sin los condicionantes que impone la pandemia, con los 14 oficiales de actividades específicas pertenecientes a la plantilla se podría atender a lo establecido en la normativa, ya que el número de alumnos asignados a las unidades (menor de 6 en algunos casos), permitiría repartir el recurso entre varias unidades”. “El número de especialistas de PT y AL sobrepasa con creces las necesidades mínimas descritas en la Orden”, asegura el informe elaborado, que resalta que durante los últimos años “todos los estamentos en los que se toman decisiones han sido especialmente sensibles con la vulnerabilidad que presenta este alumnado y se ha seguido el principio de equidad, aportando más recursos allá donde esté el alumnado que más lo necesita”.
Las Claves
Número “propiado”. La Inspección considera que “el número de docentes asignados a los centros públicos ha posibilitado la reducción de ratio de alumnado atendido por cada especialista en los últimos años” y entiende que “los asignados a la atención a la diversidad durante este curso escolar son apropiados tanto en términos absolutos como relativos”.
Escolarización “equilibrada”. El Servicio también prescribe “seguir avanzando en el reparto equilibrado de alumnado con necesidades educativas” para conseguir “ratios semejantes en todos los centros sostenidos con fondos públicos, tanto ajustando los recursos humanos como incorporando mejoras continuas en los procesos de escolarización”.
Red de públicos y concertados. Se ha apreciado que durante la última década las familias cuyos hijos presentaban necesidades educativas especiales solicitaban “centros públicos en detrimento de los concertados con la excepción del CC Santa María Micaela”. Al empezar a repartir de forma equitativa a ese alumnado fue creciendo la petición de los segundos de más profesorado especialista, tanto de PT como de AL.