El rastreo de las motos de agua, hasta la última documentación

Buena parte de los dueños de las motos de agua que fueron precintadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil en el operativo llevado a cabo en el puerto deportivo de Ceuta acudieron este mismo martes a la Comandancia, en la barriada de Hadú, en donde fueron requeridos para aportar toda la documentación de sus embarcaciones.

En la mayoría de los casos se trata de motos compradas en la Península cuya adquisición e importación debe verificarse con todos los documentos alusivos a dichas operaciones.

Las motos precintadas, una a una, han sido registradas por el Instituto Armado. Sus dueños tienen la encomienda de demostrar que no existe ninguna irregularidad y tienen todos los documentos en regla, algo que muchos no han podido hacer hasta la fecha. Para todo ello fueron comisionados a acudir a las dependencias de la Benemérita desde el primer momento de la intervención que contó con el respaldo de los GRS.

Documentos en orden

De tener todo en orden podrán hacer uso de su embarcación sin problemas. Este operativo se suma a acciones esporádicas que ha llevado a cabo la Benemérita en anteriores ocasiones como sucedió en verano del año pasado, cuando se procedió al decomiso de varias motos de agua y phantom contra las que había información de presuntas participaciones en persecuciones en el Estrecho.

Tal y como indicó la Delegación del Gobierno, se contará con ese refuerzo de GRS para poder llevar a cabo acciones de este tipo que persiguen garantizar la legalidad de todas las embarcaciones y evitar el empleo que se está haciendo de muchas de ellas para el tráfico de personas.

Estas actuaciones no van a cesar con un acto concreto y específico, sino que se va a continuar en el tiempo para registrar las embarcaciones, conocer en qué estado legal se encuentran o quiénes son sus titulares.

A la presión ejercida sobre estos modelos concretos se les está añadiendo un daño colateral: el pretendido robo de barcos para llevar a cabo acciones al margen de la legalidad.

Los dueños que los dejan en el puerto deportivo y abonan sus tasas para que sean vigilados han mostrado su temor por el futuro de sus bienes a este periódico por posibles robos o ser empleados para la comisión de tráfico de personas o de drogas y luego abandonados en cualquier punto de la costa como ya ha ocurrido en varias ocasiones.