El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha constatado que, desde la desescalada, no hubo un rastreo suficiente de contactos de personas contagiadas por
COVID-19 y que la vigilancia de las
cuarentenas no ha sido efectiva, tal y como se desprende del documento ‘Actuaciones ante la pandemia del COVID-19', donde relata las quejas recibidas y las actuaciones desarrolladas por la institución en relación con la pandemia del coronavirus. Además, añade que incluso la información prestada a los pacientes "parece haber sido deficiente en algunos casos", respecto a "personas aisladas esperando que alguien las llame o pendientes del resultado de una PCR durante muchos días". En todo caso, precisa que sería "incorrecto" atribuir ese "fracaso" a la capacidad de trabajo de las personas y profesionales que han llevado a cabo ese rastreo y vigilancia con los medios de que disponían o descargar la responsabilidad únicamente en la conducta de los ciudadanos. Fernández Marugán estimó a finales de noviembre que tramitó más de 26.000 actuaciones debido a la crisis sanitaria. Se recibieron numerosas quejas de ciudadanos españoles y extranjeros residentes legales en España que se encontraban fuera del país en el momento en el que se decretó el estado de alarma.
Quejas por el cierre de fronteras
Las quejas se referían no solo a las limitaciones impuestas en diversos países para evitar la propagación del COVID-19, sino también a la situación crítica de algunas de estas personas, que no disponían de medios económicos para atender a sus necesidades o la de los miembros de su familia y que desconocían el momento en el que iba a ser posible su retorno o repatriación. Los principales problemas planteados por estos ciudadanos han sido la falta de comunicación e información por parte de algunos servicios consulares; la ausencia de respuesta a los correos electrónicos que habían remitido a la autoridad consular; la exclusión de personas de las listas de registro como potenciales pasajeros en los vuelos que se programaban; dificultades para documentar la exigencia de requisitos para ser incluido en las citadas listas; carencia de plazas suficientes en los vuelos extraordinarios; dificultades para trasladarse a los aeropuertos y obtener un salvoconducto que les permitiera no ser retenidos en sus desplazamientos, o excesivo precio de los billetes de avión con destino a España. Han sido también relevantes las quejas relacionadas con la exclusión en las listas de pasajeros de menores de edad no nacionales que pretendían fijar su residencia en España o reunirse con sus familiares; la pérdida de la vigencia de autorización de residencia o visado de extranjeros residentes en España, como consecuencia de la demora en el retorno; la imposibilidad de regreso de españoles que viven en países en los que se consideraba que no se daban las garantías sanitarias mínimas para hacer frente al covid-19; la necesidad de reincorporarse a su puesto de trabajo en una actividad esencial, así como la interrupción de la medicación para atender enfermedades de riesgo o la cancelación de citas médicas para continuar sus tratamientos. También se formuló una Recomendación para solucionar la situación en la que se encontraban un número significativo de ciudadanos españoles y de residentes legales en Melilla que no podían entrar en la ciudad autónoma, tras el cierre fronterizo decretado por Marruecos.
Llegadas irregulares de personas extranjeras
Estas llegadas irregulares, que se producen de manera invariable desde hace ya más de treinta años, han puesto este año de relieve, aún más si cabe, con la situación de alerta sanitaria, las carencias estructurales, que van perpetuándose con el paso del tiempo y que deberían ser corregidas, según el Defensor del Pueblo. “Para explicar en parte esta situación hay que apuntar a la
dispersión de competencias en materia de gestión migratoria entre diferentes departamentos ministeriales y entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, explica el departamento que dirige Fernández Marugán.
Menores extranjeros que alcanzaron la mayoría de edad en el estado de alarma
Se recibieron varias quejas de asociaciones y de menores extranjeros tutelados que, tras cumplir 18 años durante el estado de alarma, se quedaban en situación de calle
sin acceso a los programas para extutelados que, tal y como reconocen las propias comunidades autónomas, no tienen plazas suficientes para todos. El 27 de marzo, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales publicó un Documento técnico de recomendaciones de actuación desde el Sistema Público de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ante la crisis por covid-19. El citado documento recomendaba lo siguiente a las entidades autonómicas de protección de menores (apartado 4.3, punto 5): «Considerando los riesgos implícitos en los procesos de emancipación que tienen lugar cuando se cumple la mayoría de edad, y que se multiplican en la actual situación de emergencia se prorrogará la estancia de los jóvenes tutelados que alcancen la mayoría de edad, siempre y cuando voluntariamente decidan continuar, hasta que finalice este período de emergencia y/o se ampliará el número de plazas en los dispositivos residenciales de los Programas de Autonomía o Transición a la Vida Adulta para los jóvenes susceptibles de incorporarse al programa».
Personas mayores en residencias
A la vista de los dramáticos datos de afectados y fallecidos en residencias que se iban conociendo, el 24 de abril, el Defensor del Pueblo estimó preciso incidir en el refuerzo de las medidas de atención sanitaria y en otros derechos de las personas mayores en centros residenciales postergados frente a la urgencia de proteger la vida. Las comunidades autónomas, diputaciones forales y la ciudad autónoma de Ceuta manifestaron expresamente la aceptación de todo lo recomendado si bien la forma en que se pone en práctica varía notablemente de unas a otras.
Ayuda en farmacias a mujeres en situación de riesgo
Los colegios de farmacéuticos de varias comunidades autónomas (Canarias, País Vasco, Andalucía, Navarra, Cantabria, Ceuta o Melilla) han impulsado una campaña para facilitar que las mujeres en situación de riesgo puedan pedir ayuda a través de las farmacias, un recurso sanitario esencial abierto durante la época de confinamiento, según indica la Alta Institución en el documento.
Curso académico 2020-2021
En el marco de la laboriosa preparación y la adopción de múltiples medidas organizativas y de personas para el curso escolar 2020-2021, el Defensor del Pueblo se interesó en conocer las previsiones respectivas en orden al inicio y desarrollo del curso. La Alta Institución se interesó en conocer las previsiones respectivas en orden al inicio y desarrollo del curso académico, de acuerdo con las medidas de prevención e higiene frente a la covid-19 dictadas por las autoridades sanitarias. Hasta la fecha se han recibido los informes de nueve comunidades autónomas en los que en líneas generales nos trasladan las directrices establecidas en sus respectivos ámbitos de gestión, e informan de las dotaciones económicas y actuaciones realizadas en relación con las infraestructuras escolares, la adecuación de espacios, la adquisición de material sanitario y de protección y el equipamiento informático suministrado.