La educación infantil, en el tramo de cero a tres años, va adquiriendo una importancia creciente en el conjunto del sistema educativo. Hace ya algún tiempo que el concepto de “guardería” quedó definitivamente finiquitado. Hoy ya nadie discute que todos los procesos educativos que debe seguir un individuo desde su nacimiento se deben incardinar plenamente en el ámbito educativo reglado. Las ventajas pedagógicas de escolarizar a las personas durante la primera fase de su vida, ya no están en entredicho. Los informes, estudios e investigaciones al respecto son tan unánimes como concluyentes. Todos los niños y niñas, sin excepción, que han sido objeto de un proceso de aprendizaje desde su más temprana edad, obtienen mejores resultados en todas las dimensiones susceptibles de medición.
En estas condiciones es difícil entender las razones que mantienen a la educación infantil en el terreno de la voluntariedad (probablemente, por razones económicas, como suele ocurrir). Lo cierto es que la forma en la que se gestiona la educación infantil en España, en especial en el tramo de cero a tres años, se convierte desgraciadamente en otro factor de desigualdad social. Las administraciones públicas no asumen el compromiso de ofertar un número de plazas suficiente para garantizar la escolarización universal. El déficit de oferta provocado por la cicatería administrativa, lo cubre la iniciativa privada; pero a un precio que se escapa por completo de la capacidad económica de las familias menos acomodadas. La conclusión es muy evidente. La educación infantil en su primer tramo es un “privilegio” reservado a quien pueda costeársela. Las mínimas plazas públicas que se ofertan no pueden tapar tan inmenso agujero. El último dato conocido es tan definitivo que nos ahorra seguir argumentando: el sesenta y dos por ciento de los niños y niñas menores de tres años de familias de renta media y alta está escolarizado. Mientras tanto, sólo el veintiséis de los niños y niñas de familias con rentas bajas disfruta de esta “suerte”. El contraste es tan brutal que su sólo conocimiento debería generar sonrojo, indignación y reacción a la vez.
"La tasa de escolarización de niños y niñas de cero a tres años es, en España, del cuarenta y uno por ciento. En Ceuta, es del ¡¡¡dieciocho por ciento!!! Es la brecha más vergonzosa de cuantas tenemos abiertas en nuestro sistema educativo"
Pero nos centraremos en nuestra Ceuta. Tampoco vamos a sorprender a nadie si decimos que estamos en la situación más desastrosa de España en este asunto (es lo que nos suele suceder). La tasa de escolarización de niños y niñas de cero a tres años es, en España, del cuarenta y uno por ciento. En Ceuta, es del ¡¡¡dieciocho por ciento!!! Es la brecha más vergonzosa de cuantas tenemos abiertas en nuestro sistema educativo y por las que supuran nuestras heridas sociales en forma de un fracaso escolar perenne. ¿Cómo puede suceder esto? La primera cuestión que es preciso analizar es que las competencias en este tramo corresponden a la Ciudad. No por obligación. El Ministerio podría gestionar las competencias de cero a tres tal y como hace de tres a seis; pero le es mucho más cómodo, amparándose en una legislación antigua y de aplicación defectuosa sobe la realidad de Ceuta, “escurrir el bulto”. Hay que reconocer que en esto son auténticos especialistas. Y nos encontramos con que el Gobierno de la Ciudad (que lleva más de veinte años al frente de nuestros destinos) no tiene ninguna política definida en esta materia. Sencillamente se limitan a mal gestionar las guarderías que en su día les cedió la administración general del estado. Eran dos (y una de ellas la tuvieron que cerrar hace diez años porque estaba en ruinas y desde entonces deambula de prestado por otras dependencias). En veinte años no han construido ni una sola escuela infantil pública. Han añadido al conjunto del sistema una concertada (el antiguo colegio de Juan XXIII en los bajos de la barriada del mismo nombre, que se tuvo que cerrar por no reunir los requisitos para ser un colegio de primaria) y unas plazas concertadas con dos escuelas privadas. En total son seis los centros que acogen a este segmento de la población escolar (según los datos publicados por el Ministerio en dos mil veintiuno). Como (odiosa) comparación, diremos que, en Melilla, son once.
Lo razonable es que, ante este desolador panorama en un tramo educativo tan importante, el Ministerio, máximo responsable del sistema educativo en Ceuta, hubiera intervenido con determinación para asumir directamente la gestión, invirtiendo y dotándola de todos los recursos necesarios para alcanzar un nivel de calidad homologable al del resto de territorios de nuestro país. O, como mínimo, que hubiera exigido a la Ciudad un cambio radical en su irresponsable política de culpable inhibición; forzando un compromiso serio con el desarrollo de la educación infantil. Han hecho todo lo contrario. Se han convertido en una especie de cómplice pasivo como si nada de todo esto tuviera que ver con ellos. Y se limitan a aportar la irrisoria cantidad de quinientos sesena y un mil euros al año, con los que se supone que dejan su conciencia a salvo, en el hipotético caso de que la tengan.
A veces, cuando describimos la realidad educativa de Ceuta, parece que estamos de broma. Pero esta nuestra cruda realidad. De cada cien niños y niñas ceutíes, de entre cero y tres años, ochenta y dos no están escolarizados. Una alevosa política de desprecio, desapego y desinterés, magníficamente coordinada entre el MEFP y la Ciudad de Ceuta, así lo ha decidido. Aunque no deberíamos (desgraciadamente) ya estamos acostumbrados a que los derechos de nuestra gente estén permanentemente pisoteados. Este es uno más.