Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí, en libertad con cargos; Antonio López, a prisión

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• Al filo de la medianoche la jueza abandonó el Palacio de Justicia tras el firmar el último auto de puesta en libertad, el de la consejera Román

• Antonio López es el único trasladado por el CNP a la prisión de Los Rosales, sin fianza

• Sigue el secreto de sumario de la instrucción

Pasadas las doce de la noche, la magistrada del número 1 abandonaba el Palacio de Justicia después de firmarse todos los autos respecto a las cuatro personas detenidas por la UDYCO en el marco de la investigación abierta por la forma de adjudicación de viviendas de protección oficial. Antonio López, detenido en Marbella el martes y que ayer llegaba a Ceuta, es el único que ha ingresado en prisión sin fianza. Para los demás, Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí, se dictaron autos de puesta en libertad con cargos después de horas de declaración primero en la Jefatura Superior y después en los juzgados. La última en abandonar el Palacio de Justicia fue Román, en compañía de su abogado Jorge Martín Amaya. Nada dijo, solo “no paséis frío” a los periodistas.

Antes habían dejado los juzgados Mohamed Alí y Rabea Mohamed. El primero bastante afectado, indicó a los medios que la presión mediática había sido importante y que debía meditar con su familia qué hacer. Dice que nada tiene que esconder y que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. No teme nada pero, eso sí, dado el impacto mediático de toda esta jornada anunció que ponía su cargo a disposición del partido así como su acta de diputado. Un grupo de fieles de Caballas le esperaba desde el principio en el Palacio de Justicia, le aplaudieron y abrazaron a su salida.

A Rabea Mohamed le esperaba su marido, Ramón García, bastante afectado así como familiares. Agradeció el apoyo de los compañeros del Gobierno a su esposa a la que defendió esperando que se sepa la verdad una vez se levante el secreto de sumario.

Y a Antonio López nadie le esperaba. Salió en vehículo policial directo a la penitenciaría de Los Rosales después de tener asistencia de su abogado. Sobre detalles de por qué se le manda a prisión nada aún se puede saber.

¿Y todo esto de dónde procede? Aunque la investigación tiene el origen en la denuncia por la promoción de las 317 VPO, las detenciones de ayer tienen que ver con las 170, las ubicadas al lado del Hospital, por el hecho de que parte de esas casas pudieron haberse entregado antes de obtener el visto bueno de la comisión local de la vivienda. De ahí las detenciones de personas que en su día tenían que ver con aquella comisión. Este era el punto y final a una jornada larga, complicada, de muchas noticias y también rumores.

Y es que la agenda policial y judicial de ayer pasará a la historia por lo relevante de las detenciones llevadas a cabo, enmarcadas en las investigaciones iniciadas por la magistrada del juzgado número 1 en torno a la promoción de Loma Colmenar, activadas tras la denuncia que el propio Gobierno presentó en el juzgado después de que Antonio López, uno de los fichajes del PP, decidiera tirar de la manta al sentirse defenestrado porque el partido no contaba ya con él en su equipo. Ese tirar de la manta supuso aferrarse a una lista fantasma de adjudicatarios de las 317 que, dijo, había sido respaldada políticamente. El Faro ya publicaba la semana pasada que la Policía había pedido los listados de otras promociones, la de las 170 y la de las 225, haciendo especial hincapié en los cupos sociales. Pues bien, las órdenes de detención dadas por la magistrada se refieren al reparto que se hizo de las primeras atendiendo a los distintos cupos. Además de las cuatro detenciones, se cuenta con decenas de personas (más de 40) que figuran ya en esta macrocausa en calidad de investigados porque han acudido a declarar que habían pagado bajo la promesa de obtener una casa.

Se podría contar incluso con la aportación de informaciones extraordinarias dadas por al menos un testigo protegido aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

El resultado ya lo han leído pero los antecedentes asomaban bien temprano. Pasadas las 9.00 horas, el exviceconsejero de Vivienda era trasladado directamente desde la estación marítima a la Jefatura Superior. Ocupaba la parte trasera del vehículo conducido por los agentes de la UDYCO que lo habían detenido en Marbella, ‘escoltado’ por otra hilera de coches, simulando llegar a la puerta principal de las dependencias policiales para dar esquinazo a los medios de comunicación ya concentrados en el entorno, con tal de evitar que esa primera imagen de López, con un aspecto físico cambiado, fuera captada. Tras permanecer un tiempo en Jefatura, se procedía a su traslado a la vivienda familiar del Sardinero, en donde los agentes policiales practicaron un registro exhaustivo. López mantenía un semblante sonriente, incluso saludando a los periodistas que a tantas comparecencias públicas suyas habían acudido. Sonreía como si la mayor operación de calado político llevada a cabo en Ceuta no fuera con él.

Mientras se desarrollaban estas tareas, agentes de la UDYCO acudían al despacho de abogados en el que presta sus servicios Mohamed Alí, portavoz de Caballas, situado frente al juzgado. Allí no estaba, se da la circunstancia de que cuando la UDYCO salía de la Jefatura, el propio Alí pasaba en un coche ajeno a la reclamación policial. Tras ser avisado de que se le buscaba, llegó a la Jefatura en el coche de su compañero Juan Luis Aróstegui. Allí la UDYCO le dio a conocer que estaba detenido, quedando en un despacho aislado de López y sin poder mantener comunicación con nadie más allá de designar a un abogado, en su caso Abselam Abderrahaman, quien fuera su compañero de filas en tiempos de la UDCE.

Muy cerca de la Jefatura Superior, en el edificio de la Manzana del Revellín, se estaba desarrollando una comisión de Patrimonio, presidida por la consejera de Cultura, Rabea Mohamed. Los agentes de la UDYCO irrumpieron en la misma para informar a Mohamed de que debía ir con ellos. La consejera pidió que le permitieran terminar la comisión para que el contenido de la misma tuviera validez, ante la sorprendida mirada de los presentes. Mohamed era trasladada a las dependencias policiales en donde se le comunicó, de igual manera que a Alí, que quedaba detenida, siendo apartada en otro de los despachos policiales, sin posibilidad de comunicación más que con su abogado, Jorge Martín Amaya, el mismo que defenderá los intereses de su compañera.

Quedaba por acudir al despacho de otra miembro del Gobierno, para quien la jueza del caso ‘Loma Colmenar’ había requerido también su detención ordenándosela a la UDYCO que actuaba como servicio judicial, no policial, es decir siguiendo órdenes de detención aunque la investigación económica la hayan llevado a cabo otros efectivos. Se trataba de Susana Román, consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo. Los agentes acudieron a su despacho en donde su secretaria les informó que se encontraba camino de Madrid. De inmediato se comunicó vía telefónica con Román para que regresara a Ceuta, lo que hizo conduciendo su propio vehículo desde Málaga, no escoltada por la UDYCO en tren alguno. En el momento de recibir la llamada se encontraba desayunando en una cafetería. Tras llegar a la ciudad, pasadas las 15.00 horas, acudió a su vivienda para después, ya en torno a las 17.00 presentarse junto a su abogado en dependencias policiales en donde se le comunicó también, al igual que a los demás políticos, que estaba detenida, quedando también aislada del resto.

El secreto de sumario sigue prevaleciendo sobre la causa, algo que ha permitido que se pueda trabajar judicialmente sin que existan filtraciones sobre la documentación que maneja su señoría pero que a su vez ha alimentado muchos rumores. Se llegó a difundir que otros expolíticos habían sido puestos en busca y captura o que la Policía iba a entrar en el Ayuntamiento. Los autos de detención se refieren a la presunta comisión de un delito de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos, un tercero de falsedad documental y un cuarto de cohecho, pero no se ha especificado más sobre esto. No todos los detenidos quisieron prestar declaración en la Jefatura Superior antes de ser puestos a disposición judicial. El primero que sí lo hizo en presencia de su letrado Juan Alinquer fue Antonio López, quien a su vez resultó ser el primero en llegar a los juzgados para hacer lo oportuno ante la jueza, ya en presencia del Fiscal que pidió la entrada en prisión de todos ellos.

El Palacio de Justicia permanecía ‘blindado’ de policías y medios de comunicación durante toda la noche. Se esperaba tener conocimiento de la decisión de la magistrada, conocer al menos el contenido de los autos que iban a certificar el fin del día, algo que no se produjo hasta la medianoche. La existencia del secreto de sumario blinda cualquier posibilidad de conocimiento sobre el grueso esencial de este caso, que empezó centrándose en las 317 VPO pero que ha terminado por extenderse a toda la política en materia de vivienda de esta promoción, en cuanto a las adjudicaciones que se llevaron a cabo desde años atrás haciendo hincapié, sobre todo, en las adjudicaciones llevadas a cabo y en los cupos establecidos. Cupos sociales en los que tenían cabida opiniones también de sindicatos y que supusieron realojos de determinadas personas pero también adjudicaciones de acuerdo a requisitos concretos que parece están interesando mucho en el ámbito judicial.

Susana Román llega al juzgado tras salir de Jefatura

La consejera Susana Román era trasladada en un coche de la UDYCO al Palacio de Justicia para, tras declarar en sede policial, hacerlo en el despacho de su señoría. Román, al igual que su compañera Rabea Mohamed, debía responder de la presunta comisión de un delito de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. La responsable del área de Hacienda declaró durante mucho tiempo, sin esconder nada. Lo había hecho primero en Jefatura, después en el juzgado. Cuando salió lo hizo animada, acompañada de su letrado, sin nada que esconder pero tampoco sin nada que declarar porque el proceso está bajo secreto de sumario. Está en libertad con cargos sin medidas cautelares.

A la espera de saber qué hay

La noticia de la detención de estas cuatro personas fue una auténtica bomba informativa seguida desde todos los ámbitos. Esto llevó a que fueran muchos los ciudadanos que se fueron acercando hasta la Jefatura Superior, más bien movidos por la elevada presencia de medios de comunicación y el propio movimiento policial. Acudieron algunos conocidos de la famosa lista fantasma y no faltó quien aprovechó para pasar por la zona para proferir en alto insultos o para hacer valoraciones negativas sin saber siquiera qué es lo que estaba sucediendo. En el juzgado, en cambio, se evitó este tipo de situaciones para, precisamente, no provocar más altercados.

Rabea Mohamed, en su traslado

La consejera Rabea Mohamed también salía de Jefatura a cara descubierta sin tener nada que ocultar. En la imagen se corresponde con su traslado al juzgado, tras prestar declaración en sede policial en compañía de su abogado. Quedó también en libertad con cargos y sin medidas.

Registro exhaustivo en la casa familiar que Antonio López tiene en el Sardinero, en presencia de su abogado defensor

Nada más ser trasladado a la Jefatura Superior, el siguiente paso dado por la UDYCO fue trasladar a López a la barriada del Sardinero. Allí está la casa familiar en donde el propio López ha vivido y que fue registrada por los agentes policiales en presencia del detenido y de su abogado. Durante más de una hora estuvieron en el inmueble hasta que el exviceconsejero volvió a ser trasladado, de nuevo, a dependencias policiales de donde no se movería hasta ya por la tarde cuando se le llevó al juzgado. En Marbella se procedió al registro de su casa, una lujosa urbanización en donde residía el que fuera máximo responsable del área de la vivienda. Allí de hecho tiene la inmobiliaria que gestiona y es donde ya estaba asentado desde que se produjera el escándalo por las casas.

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