La exconsejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, ha asegurado este jueves en la
vista oral del
‘caso Emvicesa’ en respuesta a las preguntas de su abogado, al único que ha aceptado contestar, que en su etapa en esa área del Ejecutivo de Ceuta se remitían desde su departamento para que fuesen tenidos en cuenta en la adjudicación de viviendas protegidas
listados de familias en situación de alojamiento alternativo sufragado por la Ciudad, especialmente vulnerables por habitar “chabolas” o víctimas de violencia de género con órdenes de protección en vigor. “Nunca he presionado o influido en nadie para que algún pariente mío apareciese como adjudicatario de una vivienda pública y si alguien dice lo contrario, que lo demuestre”, ha advertido antes de reconocer que aunque en las 170 VPO haya dos casas ocupadas por allegados “eran demandantes de vivienda y tenían orden de desahucio y un compromiso desde mucho antes de que yo entrase en política”.
La que fuera miembro del Gobierno de Ceuta hasta que dimitió tras
su detención en febrero de 2017 ha negado que, como dijo alguno de los trabajadores de Servicios Sociales que han declarado como testigos, la plantilla bajo su mando no supiera para qué solicitaba la elaboración de determinadas relaciones de usuarios, ya que para el Pleno “pedía datos”. “Tenían que elaborar esos listados dejando constancia de si algún miembro de una unidad familiar tenía algún tipo de discapacidad, si eran monoparentales, si venían de algún desalojo o
declaración de ruina... Sí sabían para qué les pedía información en persona, por teléfono o correo electrónico”, ha subrayado Mohamed, que ha defendido que en su ordenador tuvo que quedar rastro de esas y otras gestiones “de ida y vuelta” también con Emvicesa.
Preguntada por la normativa que debía regir la adjudicación de las promociones de las 170 y las 317 VPO ha reconocido no tener “ni idea” y ha dicho no haber tenido el menor interés por entrar en la Comisión Local de la Vivienda: “Estuve allí porque debía estar la consejera de Asuntos Sociales”, ha resumido. “Nunca recibimos ningún reparo o advertencia de los jurídicos, ni verbal ni por escrito”, ha añadido Mohamed, que también ha cuestionado las formas en las que se desarrolló su declaración en sede judicial tras su arresto, sin presencia del secretario. La exconsejera, que se enfrenta a una petición de diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación continuada, se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Público y el resto de las partes personadas.