Los presupuestos de Pedro Sánchez que contemplaban para Ceuta en materia de inversiones 20,74 millones de euros pasaron el miércoles a la historia sin llegar ni siquiera a nacer. El proyecto que el Gobierno socialista aprobó en Consejo de Ministros el pasado 11 de enero no superó el trámite de enmienda a la totalidad presentado por la derecha y los independentistas y fue devuelto a su origen. Una derrota política que ha condenado a Sánchez a la convocatoria anticipada de elecciones generales pero que le supone a Ceuta renunciar a algunas de las principales inversiones previstas a partir del presente ejercicio, pese a que la dejaba en la cola autonómica de las inversiones al haberse visto mermadas en un 21,74% con respecto al año anterior. Ceuta se enfrenta ahora a un período de inestabilidad, confusión y hasta parálisis. Como el resto de las 16 autonomías la ciudad afronta una situación de stand-by, de espera, mientras no ha visto llegar todavía ni un céntimo para proyectos que ya han iniciado su andadura y, en muchos casos, están próximos a finalizar, como es el de la digitalización de la frontera, prevista para marzo. ¿Qué ocurre ahora con esas partidas si no hay presupuestos? ¿Continúan los proyectos o quedan congelados hasta la elección de un nuevo gobierno que determine su futuro? Una incertidumbre ciudadana que alcanza su clímax en las dependencias de la plaza de los Reyes, donde se desconoce cómo mover ficha y qué dirección se debe tomar. Para aclarar todos estos interrogantes se dirige mañana a Madrid la delegada del Gobierno Salvadora Mateos, que llega con diferentes reuniones concertadas para que le marquen las directrices que deberán seguir en las próximas semanas hasta la celebración delos comicios. La situación es preocupante pero no del todo alarmante. El veto a los Presupuestos Generales del Estado tendrá consecuencias políticas más que económicas. El país no se quedará sin presupuestos públicos, ya que seguirán en vigor los de 2018, que ya se prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos. Además las grandes medidas de gasto contempladas en el proyecto económico ya estaban aprobadas a través de decretos leyes, y siguen en vigor. El problema surge, además de con las medidas de ingresos, con los proyectos autonómicos consignados en los PGE, cuyas partidas no se legislaron con antelación o no suponen una prórroga a los del ejercicio anterior.
Los Planes de Empleo se enfrentan a un futuro incierto ante un cambio de Administración
El trozo más gordo del pastel de esos 20 millones se lo llevaban Interior y Educación. La inversión de Interior para el periodo 2018-2022 se elevaba a 22,5 millones y la de Educación a 29,2, pero en ambos casos su mayor esfuerzo inversor se posponía al trienio que comienza el año próximo. Sin embargo, ambos contaban con grandes proyectos iniciados y que contemplaban parte de las grandes promesas de este gobierno. El gran anuncio en el marco educativo de la construcción del Centro Integrado del Brull, cuyo terreno ya está en posesión del Ministerio y se ha avanzado en los primeros pasos de su construcción puede verse parado en los próximos días. El centro contemplaba una inversión total hasta 2022 de 6 millones de euros. Misma suerte correrán, previsiblemente, el colegio que se pretendía ubicar en la antigua Fábrica de Harinas, y la rehabilitación y adecuación del un Centro Integrado de Formación Profesional, cuya ubicación se había barajado en la antigua prisión de Los Rosales y cuya partida se cifraba en 2,5 millones. A tan solo un mes de ver la luz, la digitalización de la frontera, para la que los PGE iban a destinar entre otros proyectos fronterizos 1,25 millones, también se queda en el aire. Esa gran promesa que la delegada Mateos hace tan solo unas semanas asignaba como “un triunfo del Gobierno socialista” se queda ahora en un cajón cuando afrontaba su recta final. El proyecto avanzaba según los plazos establecidos, se había asignado a una empresa su elaboración y ejecución que contemplaba tanto la digitalización del embolsamiento como la de la propia frontera que adquiría el término de inteligente, y que prometía convertirse en la gran solución al infierno fronterizo. Consignados en ese millón de euros también se encontraba la reforma del paso peatonal a través de la frontera cuyos primeros pasos ya se dieron antes de que finalizase 2018. Si finalmente será una realidad o no, este año lo decidirá la futura administración.
El instituto del Brull, para el que se destinaban 6 millones, se queda congelado
El vial puerto-frontera también se encuentra en el cajón de espera. Aunque se trata de un proyecto que recuperó la Delegación de Cucurull, tan solo preveía una ligera partida que se centraba en realizar un estudio que adaptase el anterior proyecto a las necesidades actuales. Sin embargo el impulso financiero se consignaba en los presupuestos de Sánchez que contemplaban el proyecto real de obras con una inversión de 474.000 euros. Por su parte Fomento preveía destinar 1,2 millones de euros a la recuperación del Almacén de Abastos del siglo XVIII y 0,9 a la intervención en la Puerta Califal. Los Planes de Empleo, cuyas competencias recuperaba la Delegación del Gobierno casi una década después, es uno de los proyectos que más preocupación está suscitando. Aunque su partida está excluida de los PGE, es una de las nuevas medidas socialistas sobre las que se cierne un futuro de lo más gris e incierto. Con la maquinaria activada y trabajando a contrarreloj para que los cambios anunciados en su gestión estuvieran a punto para el próximo septiembre nadie sabe ahora qué hacer con ellos. ¿Continúa Delegación trabajando en su puesta a punto? ¿Cortará el grifo el Ministerio de Trabajo? Las dudas quedarán resueltas mañana, y de ser negativa la respuesta se abre una etapa nada esperanzadora para un proyecto que se reactivará, como muy pronto, bien entrado el mes de mayo. El color político del Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril determinará las manos de su gestión.
Inversiones aseguradas
El pasado diciembre el Gobierno aprovechó la incertidumbre política para aprobar un completo paquete de decretos con medidas económicas y además comprometió unas transferencias de 105.000 millones de euros para las comunidades por las entregas a cuenta del sistema de financiación, y que no tienen vuelta atrás. Ya están en marcha y con previsiones de que Ceuta cuente con su trozo de pastel, el interrogante que se abre es qué proyectos serán los agraciados.
Prórrogas y ‘decretazos’
Si algo ha caracterizado al Gobierno de Pedro Sánchez, con una representación parlamentaria que le ha impedido impulsar la mayoría de sus medidas, ha sido una gestión a base de ‘decretazos’ y que, en vista de los acontecimientos y pese a las críticas de la oposición, va a tener ahora unas consecuencias positivas ya que algunos proyectos no quedan frustrados con el veto a los PGE. Ceuta fue una de las primeras agraciadas por los ‘decretazos’ sanchistas el pasado julio cuando bajo presión y contra todo pronóstico se aprobó la bonificación del 75% para el transporte aéreo y marítimo. Una medida que ya recogían los presupuestos de Mariano Rajoy pero que el Gobierno socialista pretendió extender, en un primer momento, a los PGE del 2019. Tampoco mueren con el 28-A la obra de la N-352 ni la reforma del perímetro fronterizo. En cuanto a la primera, se trata de un proyecto que se arrastra desde hace años y su consignación presupuestaria venía recogida en el ejercicio anterior. Con respecto al perímetro y la retirada de las concertinas fue uno de los anuncios estrella del equipo de Sánchez que vio la luz el pasado enero, cuando se aprobó en Consejo de Ministros y para lo que se ha habilitado una partida específica. Aunque la previsión es que el proyecto completo quede finalizado a lo largo del presente ejercicio su futuro no está del todo asegurado y queda supeditado a la fuerza política que ostente el poder tras las elecciones.
Proyectos como la obra de la N-352, la reforma de la frontera, la segunda fase del Palacio de Justicia o la bonificación del 75% no se verán afectados
También en Consejo de Ministros se aprobó el Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado, con una duración de siete años y unos presupuestos de 600 millones de euros. De ellos, 275 se destinarán a la rehabilitación y reforma de cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional en todo el territorio nacional; en el caso de Ceuta todavía no se ha especificado la partida específica que va a recibir. En materia de Justicia se contemplaba la ejecución de las obras de rehabilitación de los edificios judiciales en su segunda fase, otro proyecto heredado de la era Rajoy, y que ha contado esta semana con la primera visita de los técnicos del Ministerio.