La paciencia tiene un límite. El refrán le viene como anillo al dedo a la indecencia que tienen que soportar los guardias civiles y policías en relación al acuerdo de equiparación salarial.
Un acuerdo que se firmó en marzo de 2018 para que policías nacionales y guardias civiles cobrasen lo mismo que los policías autónomos y locales.
Un acuerdo que venía a hacer justicia a policías y guardias civiles, sobre todo en la situación de jubilados tanto a nivel económico como de la edad de jubilación.
Como es de sobra conocido, se estableció un grupo de trabajo en el Ministerio del Interior en el que participaron las direcciones generales de la Guardia Civil y Policía Nacional para declarar profesión de riesgo a los componentes de ambos cuerpos policiales.
Una declaración que afectaría en principio a los guardias civiles y policías que entraron en el cuerpo antes del año 2011, porque los posteriores pertenecen ya a la Seguridad Social y, por tanto, sus jubilaciones se verían mejoradas considerablemente en relación a los anteriores a 2011 cuyas jubilaciones estarían sometidas a las tablas de clases pasivas.
Pues bien, para acabar con este agravio se sometió a votación una Proposición de Ley cuyo objetivo era incluir a los guardias civiles y policías dentro del listado de profesiones de riesgo.
Una votación que fue aprobada con 144 a favor, 3 en contra y 103 abstenciones. Un resultado que hacía justicia a los guardias y policías que durante décadas hemos sido discriminados en relación a nuestros compañeros de las policías autónomas y locales.
“Toca esperar para que nuestros políticos se pongan las pilas, cada día que pasa muchos guardias y policías se ven agraviados e injustamente tratados”
Estábamos encantados y felices con esta conquista de derechos. Todo indicaba que se había acabado con esta injusticia intolerable, hasta que hemos tenido conocimiento de que se ha vuelto a solicitar una ampliación del plazo de enmiendas para la tramitación de la ley de jubilación “profesión de riesgo”, alargando la agonía de muchos compañeros que verán que pasan a la situación de retirado sin tener los beneficios de esta ley.
No somos profesión de riesgo para el Gobierno, pero sí para las aseguradoras cuando tenemos que comprar una vivienda o sacarnos un seguro de vida.
Estas empresas nos consideran profesión de riesgo y nuestras primas son muy superiores a cualquier otra profesión y, por tanto, nos encontramos doblemente agraviados no solo en lo profesional, sino también en nuestra vida cotidiana.
Ahora toca esperar para que nuestros representantes políticos se pongan las pilas y pongan sobre la mesa esas nuevas enmiendas para acabar con este trámite interminable porque cada día que pasa muchos guardias y policías se ven agraviados e injustamente tratados.
Solo pedimos lo que nos corresponde. Nada más.
