Puestas las bases para la venta del último de los edificios de ‘La Manzana’

  • Fomento firmó ayer el convenio con el Banco Mare Nostrum e Isolux-Corsán

  • El visto bueno definitivo se lo debe dar el pleno

El consejero de Fomento, Néstor García, firmó ayer con los representantes de las entidades Banco Mare Nostrum e Isolux Corsán el convenio urbanístico de planeamiento para el ámbito de la Manzana del Revellín, con el que se pretende dinamizar la actividad económica y revitalizar este entorno, incrementando la superficie de uso comercial en determinados edificios y a cambio de conseguir, para la Ciudad, superficies de uso dotacional que actualmente son de propiedad privada.
Este acuerdo afecta en total a unos 6.000 metros cuadrados, de forma que la superficie comercial pasará del 10 al 30 %, al cambiar de uso aproximadamente 4.000 metros cuadrados del conjunto diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza. Con este convenio, la Ciudad obtendrá como compensación por la plusvalía que se obtendrá por este cambio de uso, la tercera planta del edificio del conjunto que linda con la calle Padilla así como un local situado en la planta baja del edificio anexo al Museo, situado en la calle Ingenieros. En total, la Ciudad recibirá, para uso dotacional, 900 metros cuadrados.
El consejero de Fomento ha resaltado que el convenio redundará en una mejora del equipamiento de la Ciudad, la puesta en valor de la Plaza Nelson Mandela y el incremento de la actividad económica en una infraestructura muy importante, tanto por situación como por lo emblemático de la obra. pero que al mismo tiempo demuestra el interés del Gobierno en aras a conseguir la aprobación definitiva del nuevo PGOU. “Con esta propuesta conseguiremos dos objetivos, por una parte, dar vida a la plaza, porque supondrá que allí se instalen comercios, locales de hostelería y ello conllevará generación de empleo, y también mejorará el equipamiento”, ha explicado Néstor García.
El convenio que se fue firmado en la Sala de Juntas del edificio Ceuta Center, será sometido a un periodo de exposición pública de 20 días hábiles a contar una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Tras la información pública, si se presentaran alegaciones, se elaborará una propuesta de texto definitivo y concluido el trámite de audiencia, el convenio tendrá que ser ratificado y aprobado definitivamente por el Pleno de la Asamblea y se integrará en la documentación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, lo que implicará su entrada en vigor cuando tenga el Plan el visto bueno.

LAS CLAVES

El último
Desocupado desde la inauguración. El edificio del conjunto de ‘La Manzana’ que da a la calle Padilla lleva desocupado desde la inauguración. Han existido varios intentos, hasta ahora sin posibilidades. Ahora parece

Acuerdo
Plusvalía para la Ciudad. La Ciudad incrementa el tanto por ciento de utilización comercial con la contraprestación de las plusvalía que se ha cerrado con la cesión de unos novecientos metros cuadrados aproximadamente, Ahora se abre un período de alegaciones y luego deberá ser rubricado por el pleno de la Asamblea.

El cálculo de la plusvalía tiene en cuenta los valores de uso comercial y dotacional

Según el borrador del convenio que suscribieron la Ciudad y la parte privada propietaria de parte de la Manzana, el cálculo de la plusvalía generada con motivo del incremento del suelo de uso comercial “tiene en cuenta los valores de referencia de los usos comercial y dotacional, según los valores catastrales de los que se disponen, además de un reciente Estudio de Mercado, así como la aplicación del coeficiente de homogeneización (0,8) que deriva del Plan”. El objeto del convenio es “establecer las condiciones en las que se habrá de llevar a cabo la revisión del PGOU en el ámbito de la Manzana del Revellín “en orden a incrementar la superficie del uso comercial en determinados edificios a cambio de conseguir, para la Ciudad,  unas superficies en los mismos de uso dotacional que actualmente son de propiedad privada”.
Dicho propósito “responde al interés público municipal, que, por una parte, debe velar por la existencia de suficientes suelos dotacionales para responder a las necesidades de la ciudad y, por otra, asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la alteración de las condiciones urbanísticas preexistentes”, según la literalidad del propio texto.

 

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