El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha acordado este martes demoler los 10 chalés unifamiliares que llevan, según su presidente, Rafael Rodríguez, años en una situación irregular: Rodríguez ha llevado al Consejo tres posibles salidas para esas casas de dos plantas que el presidente ha asegurado ni saber quiénes las ocupan. Planteó tasarlas y venderlas, revisar la regulación de su uso, que data de 1948, o echarlas abajo, la opción por la que se ha decantado la mayoría. A partir de ahora se inicia un proceso básicamente "jurídico" que implicará aclarar los derechos adquiridos por sus actuales ocupantes. Después, el Puerto prevé ceder a la Ciudad Autónoma la parcela, de casi 18.000 metros cuadrados, para un uso dotacional que, salvo sorpresa, en incluiría un nuevo vial y una zona de aparcamientos. La parcela está excluida de la zona de servicio y desafectada del dominio público “por no resultar necesarios estos bienes para la realización de actividades portuarias esenciales o complementarias, ni para mantener la integridad del espacio portuario” y forma parte del patrimonio de la entidad, todo ello de acuerdo con una Orden del Ministerio de Fomento de 2015 que aprobó “la delimitación de espacios y usos portuarios”. El uso de los chalés viene regulado por un Reglamento de los años cuarenta que reservaba su uso “a los empleados de la Autoridad Portuaria” con “la categoría profesional” y “el número de miembros de la unidad familiar” como criterios de preferencia. Entre trabajadores del Puerto que ocupan las casas, por las que hasta hace poco no pagaban ni el agua, los hay con un régimen “asimilado al de pago de renta antigua” y otros “de retribución en especie”.