La Autoridad Portuaria de Ceuta (APC) ha resuelto este viernes 10 de la adjudicación del contrato para el refuerzo de la seguridad privada en la zona portuaria. El servicio recaerá en la empresa de ámbito estatal G5 Seguridad y Vigilancia SL. El importe total ofertado es de 360.603 euros (sin impuestos) con un plazo de ejecución de nueve meses. Se trata de uno de los contratos más relevantes que ha adjudicado el Puerto en los últimos meses, ya que comprende la contratación de personal privado para mejorar el movimiento de pasajeros tanto en los arcos detectores de metales como
en la zona de vehículos. A dicha licitación han concurrido cinco candidatos, siendo la oferta ganadora la de la pyme G5 Seguridad y Vigilancia SL, cuya sede social está en Córdoba capital. Esta empresa, que trabaja en diferentes puntos de España, está dedicada a las actividades de vigilancia y protección de bienes de establecimientos y espectáculos así como a la protección de personas. La firma cordobesa lleva contratos en varios museos andaluces y además ya tenían presencia en Ceuta en otras tareas de seguridad. El objetivo de esta adjudicación es mejorar el área de seguridad de cara a modernizar y hacer más ágil el tránsito de personas que hacen uso las embarcaciones. La APC contará durante los próximos nueve meses con un servicio externo dedicado al control de pasajeros en los arcos detectores de metales
de la Estación Marítima, así como para la zona de acceso de vehículos previa a las explanadas de embarque del
muelle Cañonero Dato, para el carril de salida de vehículos de este mismo lugar y para la zona portuaria. En el contrato de licitación se detallaba también que este nuevo servicio que vigilancia privada lo realizará una plantilla con un número apropiado para la presentación de las jornadas y horarios establecidos, dotados con los medios adecuados y con la categoría profesional de acuerdo con la legislación vigente.
Un servicio de asesoría jurídica para la Policía Portuaria
Por otra parte, la Autoridad Portuaria trabaja en otros aspectos para la mejora global de todo el conglomerado de seguridad del recinto con la plasmación de diversos contratos en esta línea. Así, además del servicio de refuerzo con vigilancia privada o la propuesta reciente de contratar drones para supervisar la dársena desde el cielo, estos días se ha procedido a la adjudicación del servicio de asistencia jurídica
a la Policía Portuaria, que recae en el gabinete de abogados de Jorge Sevilla Ortega. En el portal del contratante ya se ha publicado la adjudicación de este contrato que recae en un despacho jurídico radicado en Ceuta. El plazo de ejecución es de 48 meses (los próximos cuatro años) y el importe de 19.711 euros sin impuestos. El servicio consiste en asesorar y representar o defender ante un tribunal, llegado el caso, a la institución de la Policía Portuaria. No obstante, si algún agente tuviera que ir a juicio la defensa la podría realizar la Abogacía del Estado pero dispone de ambas opciones y de contar si lo quisiera con profesionales de este bufete privado. Este contrato llega en un momento en el que se espera mayor trasiego en la dársena ceutí –con la OPE a la vuelta de la esquina- y tras un tiempo en el que se han ido acumulando más expedientes jurídicos de diversa índole relacionados con este cuerpo. Como es lógico, la mayoría de esos caos no suelen llegar a juicio y se queda en mera asesoría, pero la línea de actuación del Puerto es la de mejorar en la seguridad y rebajar la carga a los efectivos policiales, en la medida de lo posible.