PSOE y Sumar han presentado en el Congreso de los Diputados una enmienda conjunta a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de inmigrantes, para que se regularice a las personas que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2023, en lugar del 1 de noviembre de 2021, fecha que recoge ahora el texto original. En 2023, un total de 317 extranjeros residentes en Ceuta adquirió la nacionalidad española.
La ILP contempla regularizar a medio millón de personas extranjeras que calcula que ya se encontraban en España desde antes del 1 de noviembre de 2021. Sin embargo, PSOE y Sumar quieren que se permita que las personas extranjeras en situación administrativa irregular en España, antes del 31 de diciembre de 2023, puedan acceder a una autorización de residencia y/o trabajo por motivos laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios
Para PSOE y Sumar, como informa Europa Press, la reforma "permitirá acceder a un mayor número de personas y con mayor celeridad a la situación de regularidad" y añade que "será la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral de las personas migrantes Será la forma más eficaz de combatir la vulnerabilidad y la explotación laboral de las personas migrantes".
En este sentido, agregan que a 31 de diciembre de 2023 había en España 210.334 personas con autorización de residencia inicial que se habían regularizado (84.983 personas más que en 2022). Además, matiza que las personas afiliadas a la Seguridad Social que se habían regularizado han aumentado en un 30,4% en ese mismo plazo.
"Esta evolución de la figura de la regularización permanente, del arraigo, ha constatado que, con requisitos claros y posibilistas, decenas de miles de personas extranjeras pueden incorporarse al mercado laboral y lograr una inclusión plena en nuestra sociedad", subraya.
Por su parte, el PP ha presentado otra enmienda parcial en la que especifica que la regularización deber ser realizada de forma "individualizada", mantiene la fecha del 1 de noviembre de 2021, y especifica que los candidatos no pueden haber delinquido ni tener prohibida la entrada en el país.
Además, los 'populares' limitan el acceso a esta regularización a aquellos migrantes que puedan acreditar estar realizando o haber realizado una actividad económica continuada en España por un tiempo de al menos 1 año; contar con un proyecto permanente y viable de explotación o desarrollo de actividad por cuenta propia, de al menos un año; solicitantes de asilo o de protección internacional, cuya petición se encuentre en trámite y no haya sido objeto de resolución denegatoria; aquellos que cumplan con alguno de estos requisitos y puedan presentar ante la Administración la documentación necesaria que certifique la obtención previa de contratos de trabajo y altas en la Seguridad Social; o los que hayan solicitado renovar sus permisos bajo determinadas circunstancias.
A juicio del PP, la acogida de las personas migrantes se tiene que llevar a cabo de una forma "ordenada y controlada", por lo que considera que "no puede ser universal ni tampoco imprecisa en el tiempo". "La regularización global, general y sin condiciones no sólo no presenta garantías a los derechos fundamentales de las personas migrantes, sino que también puede generar distorsiones muy significativas en cuanto a la planificación de los servicios públicos y para la seguridad del Estado", insiste.
Mientras, los socios del PSOE, ERC, BNG, EH Bildu y Podemos, han pedido en una enmienda conjunta a la ILP que se regularice a todas las personas que hayan llegado a España hasta la fecha de entrada en vigor de la iniciativa, eliminando el límite que recoge ahora el texto y que se fija en noviembre de 2021.
Para los socios del PSOE, el límite temporal previsto en la ILP "resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español".
Mientras, PNV ha presentado otra enmienda parcial para que sean los empresarios los que soliciten en el plazo de un año de la entrada en vigor de la norma que se otorgue una autorización de residencia y trabajo a migrantes que hayan llegado a España antes del 1 de septiembre de 2024, siempre y cuando cumplan con diversos requisitos.
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