El Grupo Parlamentario del
PSOE de Ceuta ha comunicado a la Mesa de la Asamblea el cambio de sus representantes en los Consejos de Administración en cinco empresas municipales de la Ciudad Autónoma al objeto de retirar de los mismos a los
diputados Navil Rahal y Fidda Mustafa. El PSOE intentó apartar a Rahal del Consejo de Administración del
Puerto sin éxito, ya que
en este caso los vocales son designados por la Ciudad a propuesta de las administraciones públicas, entidades y organismos representados en el Consejo de Administración. Así, en esta ‘purga’ emprendida para no dejar rastro de Rahal y Fidda en el partido
-ambos diputados ya fueron apartados del Grupo Parlamentario en la Asamblea-, se ha llevado a cabo un relevo de los portavoces en las sociedades públicas afecta a Obimace, Parque Marítimo del Mediterráneo, Amgevicesa, Servicios Turísticos y Servilimpce.
Los relevos en los consejos de administración
De este modo la representación de los socialistas ceutíes en las sociedades públicas de la Ciudad Autónoma queda de la siguiente forma. En el Consejo de Administración de Obimace, cesa Rahal y nombran a Abselam Abdel Lah. En el Consejo de Administración de Parque Marítimo del Mediterráneo se cesa a Fidda Mustafa y se nombra a Laura Pérez Valero. En el Consejo de Administración de Amgevicesa cesan a Navil Rahal y nombran a Sebastián Guerrero. En el Consejo de Administración de Servicios Turísticos cesan a Fidda Mustafa y nombran a Jessica Parres y en el Consejo de Administración de Servicios de Limpieza Pública cesan a Rahal y nombran a Melchor León.
¿Qué hay del expediente?, los casos de Calvo y Lambán
Por otro lado, se sigue sin datos en torno al anuncio de expediente abierto por romper la disciplina de voto a los diputados Navil Rahal y Fidda Mustafa, aunque en este último caso es independiente y no afiliada al PSOE. Ambos ya han sido apartados del Grupo Parlamentario, empezando la casa por el tejado ya que ni siquiera se ha dado voz a los propios afectados. En la historia socialista hay casos mediáticos en los que las medidas dispuestas se han traducido en imposición de multas. Así ocurrió en 2003 con Carmen Calvo, a quien el PSOE impuso la multa máxima de 600 euros por romper el voto con la ley trans. A Calvo se le abrió un expediente precisamente por romper con esa disciplina de voto. Por aquel entonces se anunció que se abriría un proceso con todas las garantías escuchando a la afectada. Después se adoptó la medida: multa de 600 euros. En el caso de Rahal, no ha sido escuchado y directamente se le ha apartado de todo lo relacionado con el PSOE. Más reciente en el tiempo ha sido el caso del secretario general del PSOE de Aragón y senador, Javier Lambán, que se ausentó del pleno que votó sobre la ley de amnistía. Se abrió expediente para conocer los motivos de esa ausencia.