La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado debatirá este jueves una propuesta del
PSOE para poner en marcha en la Cámara Alta una Ponencia de Estudio sobre la insularidad y las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla con el propósito de “obtener un análisis detallado de las singularidades de estos territorios en todos sus ámbitos para garantizar la igualdad real y efectiva de sus ciudadanos y remover los obstáculos que dificulten su plenitud”.
La iniciativa socialista parte de la convicción de que “teniendo en cuenta que abordar los aspectos característicos y diferenciados de la insularidad y de la situación geográfica de Ceuta y Melilla necesitan de una visión transversal, con implicación de los poderes del Estado, desde el ejecutivo al legislativo, además de la acción coordinada con los Gobierno autonómicos y locales respectivos”, al Senado, como cámara de representación territorial dentro del poder legislativo español, es al que incumben “las cuestiones referidas a los territorios que conforman nuestro país”.
Para el PSOE “son evidentes las desventajas generadas por el hecho insular, así como por la situación periférica de Ceuta y Melilla”.
“Si bien existen diferencias en cuanto a las dinámicas demográficas y los procesos socioeconómicos en los ámbitos insulares de Baleares o Canarias con respecto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, otras desventajas les resultan comunes e influyen de forma decisiva en la vida de las personas que habitan estos territorios”, argumenta la parte expositiva de la propuesta de los de Pedro Sánchez.
“Estas dificultades”, continúa la iniciativa parlamentaria, “las podemos observar en cuanto a la capacidad de movilidad de personas y bienes, el coste de dicha movilidad, la vulnerabilidad ante catástrofes naturales, la fragilidad medioambiental, la dependencia de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, etcétera”.
La exposición de motivos de la proposición alude igualmente a que “tanto la Constitución como los Estatutos de Autonomía de las Islas Canarias, de las Illes Balears, además de los de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que forman parte del llamado bloque de constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, encomiendan a los poderes públicos a velar por el establecimiento de un equilibrio económico y estructural que sea justo y facilite la cohesión social entre los diversos territorios que componen el Estado español”.
El antecedente de 2011
Hace diez años en las Cortes, entonces en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, se constituyó otra Ponencia de estudio “sobre las especificidades de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y su situación ante la Unión Europea” que, a finales de 2011, concluyó entre otras cosas que se debían “acometer las inversiones precisas para que las fronteras de ambas ciudades y sus zonas aledañas cuenten con unos equipamientos acordes con su condición de fronteras europeas”, una reivindicación que cerca de diez años después sigue vigente casi literalmente.
Algo parecido pasa con “la revisión legal del IPSI, en orden a modernizar su gestión y fomentar la competitividad del comercio local, entre otras finalidades”; o con “la ejecución de planes específicos para atender las necesidades de determinadas zonas especialmente impactadas por el hecho fronterizo y caracterizadas por condiciones de marginalidad y notables déficits en infraestructuras y equipamientos”, que también estuvieron entre sus conclusiones.