El PSOE está convencido de que, dada la situación actual y la preocupación existente con los trabajadores de seguridad privada en España, se necesita una actuación urgente por parte del Gobierno central para asegurar a dicho sector una estabilidad.
En la actualidad, ha explicado el PSOE a través de una nota de prensa, “el 95 por ciento de las empresas auxiliares se han desvinculado del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad, e incumpliendo sistemáticamente las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas". Añade que "estamos hablando de empresas de seguridad de varios ministerios, como es el caso de Defensa, de Empleo, y Correos también perteneciente al ministerio de Fomento. Y según vienen denunciando los sindicatos, estamos hablando de unos 3.000 trabajadores, los afectados por esta grave situación”.
"El dramatismo del estado de la cuestión se ve mejor reflejada con supuestos de hechos concretos, como por ejemplo la contratación en edificios públicos a la empresa Marsegur Seguridad Privada S.A que, al contar con convenio colectivo propio, pretende no aplicar el convenio colectivo estatal del personal de seguridad, imponiendo a sus trabajadores una reducción salarial media del 45 por ciento. Además de los múltiples incumplimientos en materia laboral, retrasos en el abono de los salarios e incumplimientos de otras", indica.
Desde el PSOE, se indica que "desde la reforma laboral del 2012, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 por ciento, según denuncian los trabajadores", y se concreta que "hay trabajadores que llevan más de 30 años en la empresa y que han visto su sueldo reducido en un intervalo comprendido entre 1.100 y 700 euros, debido a la prioridad aplicativa del Convenio de empresa”.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), con la que se pretende "derogar la reforma laboral impuesta por el Gobierno para recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa, imprescindible para garantizar en forma ordenada el correcto funcionamiento del sector; adoptar medidas para que el respeto del Convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios se integre de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores; e impulsar una contratación pública socialmente responsable y las medidas necesarias para que el precio no se convierta en el único criterio de contratación y se recojan todos los costes asociados a la prestación, incluyendo en particular los costes laborales".
"Queremos hacer especial hincapié de que su aprobación supondría un acicate al trabajo que realizan los vigilantes de la seguridad privada, como los del Clínico Militar de Ceuta, a los que apoyamos en sus justas reivindicaciones y nos seguimos poniendo a su disposición para todo aquello que necesiten y suponga menosprecio de sus derechos sociales y laborales", concluye.
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