El
PSOE de Ceuta ha presentado una enmienda ante la Mesa de la Asamblea que se discutirá en la propuesta del
MDyC que lleva al pleno resolutiva de este jueves, donde solicita la devolución de las competencias al
Pleno que ahora mantiene el Consejo de Gobierno. La motivación radica, según la enmienda presentada, en que la Ciudad Autónoma se rige por una normativa, que a día de hoy no recoge “expresamente” el régimen competencial de cada uno de los órganos que conforman la Administración autonómica. Por ello, asumen que “no podemos adoptar un acuerdo” como el lleva a Pleno el grupo que lidera Fatima Hamed, alegando que “difícilmente pueda llevarse a la práctica porque pueda ser contrario al ordenamiento jurídico, ya sea de índole estatal e incluso autonómico, por no estar recogido en el Reglamento de la Asamblea”. El PSOE argumenta bajo preceptos legales que el Pleno de la Asamblea no puede adoptar un acuerdo a sabiendas de su ineficacia, de ahí que atiendan al informe de la Secretaría General y a la legislación vigente el Grupo Socialista presenta dicha enmienda, que hace matices sobre la propuesta de Hamed. Consideran que la propuesta debería incluir que se lleve a cabo, conforme al procedimiento legalmente establecido, la reforma de los Reglamentos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno. De igual manera, que se determine en el reglamento de la Asamblea, “de forma clara”, y aportando la seguridad jurídica requerida, las competencias que le corresponden a cada órgano institucional, que a juicio del PSOE, es el Pleno de la Asamblea, Consejo de Gobierno y la Presidencia de la Ciudad. Además, indica que puntos como la RPT, la oferta pública de empleo que se incluirá en los presupuestos de la Ciudad, las bases para la selección de personal, número de contrataciones y retribuciones del personal eventual, así como remuneraciones complementarias de los empleados públicos, “deben ser competencia exclusiva del Pleno de la Asamblea”. También pasarían a ser competencia del Pleno, según esta enmienda, las contrataciones de obras, servicios y suministros, las encomiendas de gestión, así como la enajenación de bienes que supere el 10% de los ingresos del presupuesto consolidado de la Ciudad. De votarse a favor, estos nuevos cambios entrarían en vigor a partir del mes de septiembre de este mismo año.