Dos meses después de la dimisión de Juan Gutiérrez como secretario general, el PSOE de Ceuta no sabe ni cuántos militantes con derecho a voto tiene para organizar el congreso extraordinario que el 'aparato' proyecta para septiembre u octubre y el resto de la militancia reclama cuanto antes.
La asamblea informativa celebrada el lunes, en la que se vieron ambas sensibilidades, ha aprobado por unanimidad una resolución en la que insta a la Comisión Ejecutiva Federal, que es la que supuestamente lo sabe, a “dar cuenta del número exacto de militantes al corriente de pago y con derecho a voto a la fecha que se determina en la normativa interna del PSOE, para el caso de dimisión de la persona que ostentara la Secretaría General Regional”.
Hace un año el número de afiliados en Daoiz se cifraba en más de 400, pero distintas fuentes coinciden en que habría caído sensiblemente tras las elecciones autonómicas de mayo de 2023. Su número es, en cualquier caso, una incógnita en cuya capacidad decisoria para elegir nuevo líder también influirá con qué huestes resucite Juventudes Socialistas este verano.
La asamblea considera que saber cuántos compañeros podrán votar a quienes se postulen a la Secretaría General, presumiblemente la actual delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y al menos otro candidato, es básico “en aras de garantizar un proceso de primarias justo, equitativo, y transparente, de cara a la celebración de un Congreso Regional Extraordinario”.
El PSOE de Ceuta también ha pedido a Ferraz que aclare su resolución del pasado 22 de abril, concretamente el punto tercero, que atribuyó a la gestora que preside Melchor León “las funciones propias de la Comisión Ejecutiva Regional”.
Según la asamblea, “nada dice al respecto en ninguno de los artículos enumerados en el fundamento jurídico y tampoco hay referencia a ello en los estatutos ni en la normativa de desarrollo en vigor”. Por ello se ha reclamado a la Ejecutiva Federal que “verifique” qué competencias y potestades puede tener el órgano de dirección provisional y que, en su caso, le haga “cumplir exclusivamente su fin principal, que es preparar la convocatoria de un Congreso Regional Extraordinario en los plazos reglamentarios, esperando que sea en la mayor brevedad posible”.
La gestora (de la que además de León forman parte los también diputados autonómicos Hikma Mohamed y Sebastián Guerrero; Gonzalo Sanz, Samia Abdelkader y Sumaya Ahmed tras la renuncia de José Simón) ordenó al Grupo Parlamentario votar en contra del segundo expediente de modificación del Presupuesto de la Ciudad, supuestamente por exigencia a su vez de Ferraz.
La consigna, que contravenía el acuerdo alcanzado por los socialistas con escaño para abstenerse, derivó en la ruptura de la disciplina de voto por parte de Navil Rahal y Fidda Mustafa. La gestora, que al mismo tiempo presume de haberles tendido con éxito una “trampa”, decidió inmediatamente proponer la expulsión del primero, que fue sacado del Grupo Socialista antes de terminar la instrucción del expediente incoado
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