La mayoría del Congreso de los Diputados aprobó ayer la admisión a trámite de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que supondrá, en primer lugar, la suspensión inmediata del calendario de implantación de la LOMCE y de las normas reglamentarias que no hayan tenido aún vigencia o aplicación efectiva. Además, la iniciativa socialista contempla la derogación de la actual ley educativa del Partido Popular una vez se haya alcanzado un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para la mejora de nuestro sistema educativo y se remita un nuevo Proyecto de Ley básica de educación. La iniciativa socialista contempla que esta nueva ley se apruebe con el máximo consenso. El PSOE de Ceuta se congratula por “el inicio de lo que debería desembocar en un acuerdo histórico que dé estabilidad a nuestro sistema educativo y lo dote de la calidad que, actualmente, carece”. Desde Daoiz recuerdan que el Partido Socialista “viene acreditando desde hace años su voluntad inequívoca de alcanzar un consenso en materia de educación que otorgue perdurabilidad y estabilidad a nuestro sistema educativo –como en la etapa en que Ángel Gabilondo fue ministro de Educación-”, y apuntan a que, en aquel momento, “el PP impidió el acuerdo en el último minuto y cuando llegó al poder, hizo exactamente lo contrario; con el rodillo de su mayoría, tramitaron y aprobaron la LOMCE, que puso en evidencia la incapacidad de su Gobierno para buscar un consenso en materia de educación, además de despreciar el diálogo con todos los agentes que intervienen en el ámbito educativo”. Además, los socialistas señalan que “se impuso a toda prisa un calendario de implantación inasumible para las Comunidades Autónomas y para los propios centros, poniendo en evidencia, una vez más, que la reforma se había llevado a cabo sin un diagnóstico compartido, sin debate previo y a espaldas a la comunidad educativa”. El PSOE de Ceuta hace especial hincapié en que “la LOMCE, y por consiguiente el Gobierno del Partido Popular, ha provocado el rechazo unánime y sin precedentes de toda la comunidad educativa, interlocutores sociales y fuerzas políticas, por tratarse de una ley profundamente ideológica, regresiva, elitista, excluyente, segregadora, recentralizadora y confesional”.