La polémica generada por los carteles que Vox difundía para la campaña de las autonómicas en Madrid ha provocado diversas reacciones desde otros frentes políticos. Las críticas por el racismo promovido en estas imágenes en el Metro de Madrid (que comparan el presupuesto dedicado a los Menores Extranjeros no Acompañados con el que se destina a las pensiones de nuestros abuelos) han llegado también desde el PSOE, que este miércoles denunciaba ante los Juzgados de Instrucción de Madrid la campaña realizada contra estos menores.
Los socialistas han rechazado este tipo de mensajes “de odio y racismo” y han señalado que, además de los carteles que colgaron junto al metro, las imágenes también fueron difundidas por el partido "a través de su página web, su programa electoral y las redes sociales de la formación, tanto a nivel nacional como autonómico"
Para los socialistas se trata de hechos de tal "gravedad" que han tenido a bien ponerlos en manos de la Junta Electoral de Madrid para que ejerza como "garante del legal desarrollo del proceso electoral" y acuerde "de forma inmediata" su retirada del metro de Madrid. Respaldan tales demandas que en que estos mensajes vulneran directamente el artículo 50.4 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Estatal General), al tratarse de una campaña que contiene “expresiones e imágenes xenófobas y racistas”. Algo que, señalan, también podría ser investigado por la Fiscalía.
"Entendemos que con su campaña Vox podría haber incurrido en un delito de odio previsto en el artículo 510 del Código Penal. También consideramos probable la comisión de un delito electoral previsto en el artículo 144 de la LOREG, sobre la infracción de las normas legales en materia de carteles electorales", respaldaban en un comunicado, en el que creen que todo lo acontecido podría considerarse un delito de odio contra colectivos vulnerables.
Señalaron además que con el contenido de esta campaña "se difunden mensajes dirigidos a provocar, cuanto menos, el odio y la discriminación en relación con los menores extranjeros no acompañados relacionándoles y haciéndoles responsables de la inseguridad ciudadana, criminalizándolos como colectivo y responsables de un gasto de dinero público, a su modo de ver, en contra de los intereses de los 'españoles' en contraposición a los extranjeros, en concreto las personas mayores".
Las libertades ideológica y de expresión, apuntan, no amparan acciones que puedan derivar en un sentimiento de "hostilidad" hacia las personas, por lo que sospechan que la campaña iniciada por Vox podría contradecir algunos puntos tanto de las legislaciones anteriormente mencionadas como de la Ley de Partidos Políticos e, incluso, la propia Constitución Española.
"Por todo ello, entendemos que Vox está sobrepasando los límites de legalidad democrática. Es necesario que los Tribunales se pronuncien sobre estas actitudes y les pongan fin, asegura el escrito de los socialistas", han sentenciado.
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