Protestas, quemas e intervención de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la prisión de Ceuta

Protestas, quemas simbólicas y barricadas. Así se dibujaba la primera de las concentraciones reivindicativas llevadas a cabo por los funcionarios de prisiones en Ceuta y que se visibilizaron en otras cárceles del país con mayor crudeza. A las 7.30 horas comenzó una concentración que, de entrada, provocó que el relevo de los funcionarios se produjera hasta hora y media más tarde. Unidades de la Policía Nacional (UPR, UIP e Información) se desplazaron hasta Mendizábal teniendo que intervenir finalmente para forzar a los distintos representantes sindicales de los funcionarios de la prisión a retirarse de la carretera, al objeto de que, así se liberara el acceso a la cárcel. También acudieron patrullas de la Benemérita.

Los agentes del CNP tuvieron que desalojar a los concentrados, que con este tipo de actitud quisieron poner de manifiesto su situación laboral reivindicando mejoras como también las ha reclamando las fuerzas de seguridad del Estado, que sí las han conseguido, algo que no entiende el personal de prisión.

La plataforma compuesta por CCOO, UGT, CSIF, Acaip y CIG ha secundado este paro. A diferencia de las dos huelgas ya celebradas, en esta ocasión los trabajadores han intensificado sus protestas y, además del piquete informativo bloquearon el acceso para que sus medidas afecten a más gente.

Dentro de los cambios establecidos por la plataforma sindical se optó por modificar las fechas marcadas para la huelga -inicialmente eran los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre- con la intención de que coincidieron en fin de semana para ejercer una presión mayor, en este caso, por el tema de las visitas de los familiares. Esto retrasó la nueva convocatoria de huelga, pero finalmente se aprobaron cuatro días consecutivos de paro general, del 17 al 20 de noviembre.

De nuevo, retrasos en los reemplazos del turno de noche

En el mismo marco de tensión, el piquete también provocó que el turno de noche tuviese que entrar más tarde, provocando además que los funcionarios encargados de los servicios mínimos se viesen obligados a permanecer más tiempo en el centro.

Dentro de los cambios establecidos por la plataforma sindical se optó por modificar las fechas marcadas para la huelga -inicialmente eran los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre- con la intención de que coincidieron en fin de semana para ejercer una presión mayor, en este caso, por el tema de las visitas de los familiares.

Esto retrasó la nueva convocatoria de huelga, pero finalmente se aprobaron cuatro días consecutivos de paro general, del 17 al 20 de noviembre -ambos incluidos-, con un fin de semana de por medio.

Los trabajadores piden de antemano disculpas a los familiares de los reclusos, pero admiten que era necesario intensificar las acciones con la idea de que la Administración penitenciaria, quien en la anterior ocasión denunciaban que obligó a fijar unos servicios mínimos “abusivos”, reaccione a sus demandas.