Proteger los restos arqueológicos, vital para el nuevo PGOU

Uno de los seis criterios que, “de acuerdo con la voluntad municipal”, guían la actualización del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ceuta es el de “defender los valores naturales y medioambientales (agrícolas, paisajísticos, arqueológicos y de recursos naturales)” de la ciudad “tanto para la selección de los suelos a proteger como para la puesta en valor de aquellos que pasen a formar parte de los sistemas generales del municipio”.

“Todos ellos”, resalta el documento, “constituyen elementos esenciales para el conocimiento histórico de Ceuta, que es considerada un yacimiento arqueológico único, irrepetible y finito”.
En relación con la defensa del patrimonio arqueológico, el documento que el Gobierno pretende llevar a Pleno para su aprobación inicial antes de que termine el año tiene como objetivo “la protección de los elementos arqueológicos existentes o de nuevo hallazgo”.
El proyecto pretende, igualmente, “unificar y corregir” los “posibles desajustes” existentes en los diferentes instrumentos de protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico existentes actualmente (el Catálogo de Elementos Protegidos del PGOU de 1992, el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y la Carta Arqueológica de la Ciudad de Ceuta) de tal forma que el nuevo Plan “configure un único instrumento, que contenga mecanismos para su ampliación y modificación”.
“Se pretende dotar a Ceuta de un instrumento normativo eficaz en la preservación de la memoria histórica contenida no solamente en las edificaciones, sino también en otros elementos culturales cuya existencia y ubicación determinan el uso del suelo del municipio que el Plan regula”, argumentan sus redactores, que han incluido un cuerpo normativo específico, las ‘Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico’, en las Normas Urbanísticas para “la preservación del patrimonio cultural desde la regulación de las obras y usos de que son susceptibles los elementos catalogados según los distintos niveles de protección de que hayan sido afectados así como desde la detección precoz de restos arqueológicos”.
El Plan entiende por patrimonio arqueológico “el conjunto de bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, así como sus relaciones físicas y espaciales en tanto fuente de documentación, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, con independencia de que se traten de vestigios enterrados, emergentes o sumergidos”.
Dos tipos de protección
La Normativa de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental ampara “a las construcciones, elementos y edificios que, con independencia de su actual estado de conservación y grado de alteración respecto a sus características originarias, presentan valores arquitectónicos, tipológicos, constructivos o ambientales, o poseen una capacidad de evocación de formas culturales y medios de vida del pasado histórico, que justifican su conservación y adecuación, desde unos criterios de salvaguardia y recuperación del patrimonio arquitectónico e histórico”.
Entre los bienes protegidos al máximo nivel (integral) están los ya considerados de Interés Cultural (BIC), regulados por la Ley del Patrimonio Histórico Español y, complementariamente, por el Plan General. Además, en los entornos de cada uno de los declarados o incoados deberá recabarse Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura como paso previo “a la concesión de cualquier licencia de obra”.
El PGOU marca, además, otros dos niveles de protección, uno de segundo grado para “aquellas zonas en las que se conoce o es previsible la aparición de vestigios arqueológicos” y otro para aquellas donde “la posibilidad de aparición de vestigios arqueológicos se considera menor o al menos incierta”.
Para la concesión de cualquier licencia en ellas “será necesario determinar la existencia o no de niveles arqueológicos” incluso mediante “sondeos mecánicos o control de movimientos de tierras en previsión de la aparición de niveles arqueológicos”, advierte el documento, que atribuye a la Consejería competente la facultad para dictar la necesidad de realizar tales prospecciones.
En el ámbito marítimo, donde se señalan once polígonos arqueológicos y áreas de servidumbre protegidas, quedará vetada “cualquier actividad de remoción del fondo marino o de alteración del mismo susceptible de afectar a los lugares catalogados, tales como dragados, colocación de cables, construcción de infraestructuras, etcétera”, sin informe gubernamental previo “para impedir el deterioro o pérdida de información histórica”.

Tres niveles de protección
El proyecto de nuevo PGOU establece tres niveles de protección del patrimonio arqueológico terrestre: 1) Para aquellos yacimientos declarados bienes de interés cultural (BIC), a los que se dota de protección integral; 2) Para las zonas “en las que se conoce o es previsible la aparición de vestigios arqueológicos”; y 3) Para las áreas “en las que la posibilidad de aparición de vestigios arqueológicos se considera menor o al menos incierta”.

Yacimientos conocidos o “hallazgos aislados”
El documento incorpora la protección del patrimonio arqueológico submarino en “yacimientos identificados” y zonas en las que “han sido localizados hallazgos aislados de interés o están en las inmediaciones de un yacimiento conocido”. Cualquier actividad de remoción del fondo marino o de alteración del mismo en estas áreas que sea “susceptible de afectar a los lugares catalogados, tales como dragados, colocación de cables, construcción de infraestructuras, etcétera” deberá contar “con un informe previo de la Consejería con competencias en materia de protección del patrimonio histórico”.

Unificar la normativa
El nuevo PGOU quiere “unificar y corregir” los posibles desajustes existentes entre el Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General vigente, el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura y la Carta Arqueológica de la Ciudad de Ceuta.