Protagonistas de la presión

Habían detenido al general y eso no lo podían permitir. El colectivo de francófonos que desde el pasado 26 de agosto lleva dirigiendo protestas reclamando, de forma más o menos virulenta, su marcha a la península convirtió ayer el CETI, de nuevo, en punto caliente.

Su cabecilla, que comenzó las protestas siendo capitán y ahora ya es general al que le reseñan hasta las novedades con ademanes militares, estaba siendo detenido por la Policía. Fue la excusa perfecta para caldear el ambiente y protestar por todo y contra todos. Los agentes que se encuentran a las puertas del campamento de poco valían para hacer frente a la situación. Por eso la Delegación del Gobierno, en reunión extraordinaria convocada ayer tras el amago de motín, decidió dar el paso e incrementar el número de agentes.
Desde ya 11 policías nacionales se encuentran dentro del campamento y este fin de semana se incorporarán otros cinco. En breve se incrementará la plantilla de vigilantes de seguridad hasta un total de 36, tal y como avanzó este medio la semana pasada, y trabajarán en turnos de 14 de mañana, otros catorce de tarde y el resto de noche. De esta manera se encuentran prestando servicio dentro del centro un total de 11 agentes, que se añaden a las dos patrullas, una estática y otra dinámica (con cuatro agentes), que vigilan el exterior y perímetro de estas instalaciones desde la semana pasada. Además, a partir del próximo viernes los efectivos policiales en el interior del CETI se incrementarán en otros cinco agentes, con lo cual siempre habrá 16 agentes pertenecientes a la Unidad de Intervención Policial (UIP) y a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de servicio en estas instalaciones.
Es la respuesta que da el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, a una situación que, poco a poco y episodio tras episodio, se le está yendo de las manos a la administración central.
Los familiares de quienes trabajan en el CETI mentan los disturbios del Ángulo y temen por sus más cercanos. Aluden a la falta de protección, por eso ayer la administración central ordenó una reorganización del operativo policial instando a la Jefatura Superior a que mande más policías al Jaral. Así se ha hecho supliendo un vacío policial que ayer se puso claramente en evidencia.
El colectivo que está detrás de estos motines, algaradas y presiones está integrado por francófonos que intentan aumentar más aún la presión. Y lo pretenden atrayéndose a los inmigrantes que llegan, casi a diario, en balsas neumáticas. Ellos son también francófonos y fácilmente maleables. Persiguen que se les expulse a la península e intentan que su lema se extienda a mayor cantidad de subsaharianos.
Los protagonistas de esta historia de tensiones migratorias que se está convirtiendo en la más grave a la que se enfrenta Fernández Chacón presentan modos y maneras de condición militar. Están calificados en informes internos del CETI como ‘muy peligrosos’ e incluso con antecedentes de inseguridad en sus países. Están claramente organizados y se enfrentan a los poderes establecidos. Lo hacen contra la Policía y contra los jueces, al no atender las citaciones judiciales que se les ha cursado hasta el momento.
Por ahora sus roces con la Policía les han resultado satisfactorios. Dos de sus tres detenciones han obtenido la benevolencia judicial en forma de sentencia absolutoria o en forma de archivo.  Ahora les queda una tercera: la vista que se ha señalado para el 14 de octubre en la sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, en la que los subsaharianos se sentarán en el banquillo acusados de un delito de desobediencia.
Pero el problema no se circunscribe sólo a este grupo. Los trabajadores del CETI advierten del hartazgo que se extiende entre las nuevas incorporaciones que llegan al campamento y comprueban cómo sus compatriotas llevan uno, dos y tres años bloqueados en un limbo jurídico sin poder salir. También comprueban como los adjudicatarios de la tarjeta amarilla no pueden salir de Ceuta a pesar de que la admisión a trámite de su condición de asilado debería permitirlo. Una sentencia judicial bloquea esta posibilidad y no hace sino aumentar más las tensiones entre los internos del campamento.
“Se está extendiendo esa sensación de malestar y quienes están provocando estos enfrentamientos intentan contagiar a los demás. Los inmigrantes se resisten pero no se sabe bien hasta cuando porque los francófonos están crecidos desde que comprueban que no les pasa nada”, apunta un trabajador del centro.
La administración contesta a las presiones incrementando la Policía, después de dos advertencias consecutivas de presión, y reforzando los acuerdos entre países, buscando, de hecho, que España pueda firmar acuerdos con Senegal y Camerún para conseguir la repatriación de los subsaharianos más conflictivos. En un CIE peninsular permanecen todavía los 14 cameruneses que fueron expulsados hace unas semanas. Si antes de un mes España no cierra un acuerdo con Camerún tendrán que quedar en libertad. Entre ellos están quienes fueron condenados tras provocar el motín de Ghana que dejó a varios vigilantes de seguridad heridos.