El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, ha firmado ya la propuesta de sanción para el organizador de la concentración que se llevó a cabo el pasado febrero en Loma Colmenar. Por esos incidentes se pretende la sanción máxima que permite la ley, 900 euros. La misma, firmada ayer, será notificada ahora al perjudicado, que no es otro que el presidente de la asociación de vecinos de Loma Colmenar, Rafael García.
El expediente que ha dado pie a esta propuesta se inició el pasado 6 de marzo contra el considerado como organizador de una concentración ilegal ya que no contaba con los oportunos permisos de la Delegación del Gobierno. Esta institución había advertido incuso al presidente de la asociación de que no permitiría dicha convocatoria, solicitada cinco minutos antes de llevarse a cabo.
La misma tenía por objetivo una protesta por la supuesta brutalidad policial que, denunciaba García, había ejercido la UPR al detener a su hijo. La propia Jefatura Superior siempre negó los hechos e incluso en el momento de dar traslado del detenido ante la instancia judicial, éste reconoció la postura díscola que había adoptado ante el agente. A pesar de que no se le concedió el permiso, García la llevó a cabo produciéndose cortes de tráfico en determinados momentos, e impidiendo la llegada adecuada al Hospital. En el expediente se tuvo en cuenta que la Policía Local se vio obligada a abrir un pasillo y que la protesta podía alterar el tránsito de las ambulancias.
En aquella jornada también se quemó un contenedor, aunque no ha habido testigos que vinculen a la persona que le prendió fuego con la organización de dicha concentración, así que este extremo podría caerse de la propuesta.
Los servicios jurídicos con que cuenta la Delegación del Gobierno han dado el visto bueno a este expediente que ahora debe culminar.
