Las mentiras de
Marruecos tienen las patas tan cortas como la distancia que separa Castillejos de la
frontera del Tarajal. El país vecino metió irregularmente en Ceuta por acción o por omisión una generación de niños y adolescentes entre el 17 y el 19 de mayo. Quince días después, cuanto empezó a atisbar que su pasada de frenada movilizaba a toda la UE, el rey de Marruecos dictó supuestas “altas instrucciones” para “aceptar el regreso de los
menores no acompañados debidamente identificados”.
Aunque ese gesto ha sido aplaudido por el Parlamento europeo en la resolución en la que ha repudiado la “Marcha Verde infantil” sobre Ceuta, desde el primer momento a las fuentes consultadas por este periódico sonó a “propaganda”.
La realidad lo ha demostrado, aunque la Delegación, los burócratas, recibió con alborozo el anuncio de la Casa Real del país vecino, dando por hecho que la crisis humanitaria desatada por Rabat se podría resolver a corto plazo.
La Ciudad, que recibió más de 4.000 llamadas en pocas horas supuestamente interesadas por la vuelta de los niños solos migrados a Ceuta, sólo ha podido concretar siete casos en los que los menores y sus progenitores estaban de acuerdo en reencontrarse en el país vecino, cuyas autoridades han evitado de facto que eso suceda.
La normativa exige revisar el primer encuentro entre niños y progenitores
La Administración General del Estado, que durante años ha descuidado el control de la frontera y ha consentido a Rabat no tratar a Ceuta y Melilla como al resto del territorio nacional a la hora de propiciar la repatriación de menores solos, parece esperar ahora algún tipo de acuerdo sui géneris que facilite la vuelta de mil niños al Reino alauita regateando la normativa europea y nacional vigente.
Aunque les culpen, no va a suceder. Ni la Fiscalía ni el Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta van a saltarse las reglas para contentar al Gobierno a costa de vulnerar los tratados internacionales y la legislación vigente en la UE y España, evidentemente vulnerada con la expulsión expeditiva de menores que se hizo en plena crisis migratoria.
Los protocolos de reagrupación familiar exigen no solo cotejar la documentación familia, sino también la “disponibilidad” de padres y niños para volver a estar juntos. De momento la Ciudad sólo ha conseguido cuadrar siete casos, pero, a pesar de las facilidades dadas para promover un encuentro en la frontera sin necesidad de cruzarla, Marruecos pone pegas.
El país vecino pretende que los progenitores no lleguen a la frontera (los bloquea a algo más de un kilómetro) y quiere que los niños sean entregados a sus agentes, algo inviable teniendo en cuenta que “fueron los que abrieron las puertas de su frontera”.
La normativa exige ver la “viabilidad” del retorno por parte del Servicio de Protección de la Infancia de Ceuta, que tiene la guarda provisional de esos niños. “No se puede entregar menores a los mehanis que empujaron niños al mar”, estiman las fuentes consultadas, que consideran las facilidades que da Menores a Marruecos “una vía intermedia” entre la reagrupación familiar que viabiliza el acceso de sus padres a Ceuta y la “repatriación” que sí se puede realizar desde España al margen de las ciudades autónomas.
Si ha fallado la diplomacia y el Ministerio del Interior, el problema generado no lo va a resolver el Sistema de Protección Infantil se vaya a saltar las normas que rigen sobre los menores puestos a su disposición por las Fuerzas de Seguridad “incumpliendo el interés superior del menor”.
La vía de la repatriación es inviable porque “Marruecos no reconoce a España como territorio español”, ya que la Delegación y el Gobierno central no han sido lo bastante combativos al respecto. Entretanto, la Ciudad soporta “sin medios ni infraestructuras” la necesidad de dar alojamiento a mil menores sin que Defensa haya, como siempre, igual que el Obispado, ofrecer infraestructuras para albergar a los menores recién llegados, el equivalente a una generación entera de nacidos en la ciudad autónoma, un millar.