El programa de gratuidad de libros sigue en Primaria y 2º ciclo de Infantil

El programa de gratuidad de libros de texto de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Ceuta seguirá cubriendo el próximo curso, 2021-2022, a “todo el alumnado matriculado en los centros públicos y privados concertados de la ciudad en 2º ciclo de Educación Infantil y en Educación Primaria”, salvo que “expresamente renuncien a su participación”.

Así consta en las bases reguladoras que el Ejecutivo local ha sacado por primera vez a información pública después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya estimado por ese motivo formal y sin entrar al fondo el recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) en 2018 contra las normas de este programa.

El texto establece que antes de final de mes el personal del Convenio Ciudad-MEFP deberá, con el apoyo de los equipos directivos de los centros, realizar “una estimación económica del material necesario para el próximo curso que se tendrá en cuenta para determinar la cuantía que se debe consignar en la convocatoria”.

El cálculo se tendrá que hacer “en función en función del material existente en el Banco de Libros y del número de alumnos beneficiarios previstos”. También hay que notificar “los centros que hayan decidido utilizar materiales curriculares propios o de uso común y el número de alumnos a los que afecta en cada etapa”.

El personal del Convenio Ciudad-MEFP debe concretar este mes las necesidades

A través del Banco de Libros se podrá hacer uso, en régimen de préstamo, de los textos existentes “que mantengan su vigencia de acuerdo con las decisiones pedagógicas de los órganos de coordinación didáctica de los centros” y respetando la normativa que establece el currículo de Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).

Cuando los libros de texto disponibles no sean suficientes para cubrir las necesidades de todo el alumnado se adquirirán nuevos por dos vías. Por un lado, a través de transferencias a los centros educativos para su adquisición y posterior entrega en préstamo a los alumnos, que deberán devolverlos al finalizar el curso.

Además, se utilizarán los ‘cheque-libro’ que se entregarán por la cuantía que se determine en la convocatoria formal al padre, madre o representante legal del estudiante “con la finalidad de que éste lo entregue en la librería de su elección de entre aquellas adheridas al programa”.

Este último sistema es el que se usa en el segundo ciclo de Infantil. Aquellos centros que en esa etapa no utilicen libros y opten por materiales curriculares de elaboración propia recibirán una subvención por alumno con una cuantía equivalente.

El Colegio de Educación Especial (CEE) San Antonio recibirá una subvención por importe de 6.000 euros para que asuma el coste de sus materiales.

Los editores cuestionan la competencia de la Ciudad

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) llevó a los Juzgados en 2018 el Programa de Gratuidad de Libros de Texto de Ceuta, como el de otras regiones, al entender que afectaba “gravemente” al sector “no sólo por establecer la gratuidad de los materiales editados fijando cantidades máximas en un mercado donde rige el mercado libre, sino además con la creación de un Banco de Libros por una Ciudad Autónoma que carece de competencia en materia educativa”.

La recurrente advirtió que el Ejecutivo local había “omitido” el trámite de información o audiencia pública, en lo que el TSJA le ha dado la razón sin entrar al fondo de su argumentario, y que la Ciudad “carece de competencias para la creación de un Banco de Libros de préstamo a todos los alumnos, con independencia de su renta, que cursen enseñanzas obligatorias”.

El TSJA ha aceptado el motivo formal del recurso sin entrar al fondo del mismo

También alegó “nulidad” en lo tocante a las prescripciones de las bases que obligan a los beneficiarios a “devolver” los libros y materiales al finalizar el curso escolar para su nuevo préstamo.

“La Administración debería haber seguido un procedimiento abierto, público, transparente y no discriminatorio”, reclamó ANELE, que esgrimió incluso una supuesta “vulneración de los derechos de propiedad intelectual de las editoriales”.