La expansión del coronavirus y el consiguiente estado de alarma han dejado en el aire millones de puestos de trabajo. Entre ellos, se da la situación de los profesores españoles que impartían clase en Marruecos, muchos de los cuales decidieron retornar a nuestro país ante la amenaza ya consumada del cierre de las fronteras. Su decisión de volver a sus hogares les ha supuesto un despido fulminante por parte del Gobierno, según desveló la Cadena SER. En concreto, ocho profesores españoles que daban clases en el país vecino se encuentran en esta situación. Ellos dan dos razones por las que decidieron hacer las maletas y volverse a España: una de ellas tiene que ver con el cuidado de sus familiares; otra con la sanidad marroquí: preferían, en caso de contagiarse de coronavirus, acudir al sistema sanitario español ante una sanidad, la de Marruecos, más raquítica en cuanto a recursos y menos asistencial. Aunque esta decisión les costó el puesto. El Ministerio de Educación argumenta por su parte que les despidió al abandonar sus puestos de trabajo en aquel país, punto que los profesores denuncian que se ha hecho sin avisarles de los despidos. Si bien los afectados aseguran que avisaron a la Consejería de Educación de la Embajada de España en Rabat de que querían volver por razones de salud, para cuidar a familiares o bien por el mencionado motivo de la sanidad marroquí, estos reprochan que no recibieron contestación a su solicitud, a otros se les denegó el volver a España y a otros les llegó un mensaje en el que la Consejería simplemente no mostraba su oposición al regreso a sus casas. La Cadena SER además habló con Antonio Pérez, un profesor de Educación Física en la localidad marroquí de Alhucemas. Uno de estos afectados que, en su caso, es asmático crónico (este medio asegura que lo corrobora su informe médico) y al que se denegó la salida a nuestro país. Por lo que Pérez decidó volverse con su familia, en Jaén, y no supo de su despido hasta que recibió un mensaje de la Seguridad Social en el que se le notificaba que había sido dado de baja. Los cesados no han recibido, aseguran, ninguna notificación oficial. Las consecuencias de los despidos son que ellos no tendrán derecho a cobrar ningún tipo de prestación ni a trabajar los próximos tres años en Marruecos. El Gobierno alega que son bajas voluntarias a pesar de que ninguno de ellos ha notificado su intención de renunciar al trabajo. Consultado por la situación de estos funcionarios, Enrique González, integrante de CSIF y de funcionarios en el exterior, apuntó que la irregularidad del Gobierno radica en el procedimiento. “Habría que haberles incoado un expediente con todas las garantías y dando audiencia a los interesados. Esto llevaría semanas y meses y no procedería por tanto la razón de cese fulminante que han utilizado Consejería y Ministerio”.