Los empresarios locales solicitan que el comercio transfronterizo no se convierta en un “monocultivo basado en alimentación y prendería”
El Gobierno aplicará una mayor rebaja del IPSI sobre aquellos productos que en Marruecos presenten una tasa más elevada, según ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Kissy Chandiramani, que aunque no ha querido adelantar el listado de productos en el que aún están trabajando, sí ha señalado que es amplio y variado. “Los empresarios no quieren que el comercio con Marruecos se convierta en un monocultivo basado en alimentación y prendería”. Esta ha sido una de las alegaciones presentadas por la Confederación de Empresarios, CECE, a la rebaja lineal de un 10% del IPSI que la Ciudad propuso en su día y en la que actualmente están trabajando los Servicios Tributarios. “Estamos valorando el coste total de la medida y preparando la memoria para el Ministerio de Hacienda tal y como se comprometió el presidente Vivas”, ha anunciado Chandiramani. El Gobierno tiene intención de que esta propuesta entre en vigor el próximo mes de febrero para lo que no descartan la celebración de un Pleno extraordinario. La aprobación del IPSI mejorará la seguridad jurídica de los técnicos La CECE también ha pedido una reducción del IPSI servicios del 9 al 6%, que supone un gasto de 220.000 euros, una cuestión sobre la que la Consejería de Hacienda está elaborando una propuesta de modificación cuya intención es elevarla al Pleno del próximo mes de febrero junto a cuestiones como la rebaja del carburante para embarcaciones de recreo y su reducción al 0,5%. También al Pleno de la Asamblea de este mes se llevará la aprobación definitiva del IPSI que se abordó en noviembre y al que se presentaron sendas alegaciones de MDyC y de la CECE en torno a cuestiones técnicas relacionadas con plazos y tipos que ya se han resuelto desde Servicios Tributarios, según apuntó Chandiramani. “Con esta aprobación mejoramos en un aspecto fundamental: dar seguridad jurídica a los técnicos de Servicios Tributarios en cuanto a la valoración de las mercancías que entran en la ciudad para que se pueda luchar contra el fraude fiscal”. También en esta línea para otorgar seguridad jurídica a los técnicos se modifica el código de algunas mercancías.
Nuevas “garantías adicionales” para las empresas de importación de prendería
La Ciudad solicitará “garantías adicionales” a las empresas dedicadas al despacho de aduanas en el ámbito de la prendería. Una garantía que servirá para luchar con el “comercio ficticio con el que queremos terminar”, apuntó la consejera de Economía, Kissy Chandiramani. “Presentan un aval bancario y liquidan el impuesto a los 90 días porque tienen esta certificación depositada ante Servicios Tributarios”. De no cumplir con esta garantía se lleva a cabo la retirada de la certificación ante Servicios Tributarios que daría lugar a las responsabilidades tributarias que correspondan. Esta medida entró en vigor esta semana a través de la Resolución de la Consejería de Hacienda relativa a la certificación global de representantes aduaneros y la formulación de despachos a la importación.
Aumentan los contratos locales con la Base 19
La consejera de Economía, Kissy Chandiramani, subrayó la importante repercusión que para los empresarios locales ha tenido la implantación de la Base 19, una medida impulsada hace años por el Gobierno, relativa a la publicación de los contratos menores en la página del contratante. Chandiramani anunció que el 90% de los contratos adjudicados el pasado año fue a empresas locales, mientras el 10% restante está relacionado con contratos muy específicos que no encuentran empresas que puedan presentar ese servicio o suministradores en nuestra ciudad. “Esto es importante porque se achacaba que la Base 19 iba en contra del comercio y de los empresarios locales, pero los datos nos dicen que este 90% beneficia a los de casa, que es lo que perseguimos”. El pasado año se han llevado a cabo 803 contratos impulsados por la Ciudad, a los que aún hay que sumar los relacionados con organismos autónomos y sociedades municipales, que podría elevar la cifra a los 1.200. El precio de la licitación se cifró en 5,1 millones, mientras que el de adjudicación en 3,9, lo que supone un ahorro de un 22,57%, un total de 1,2 millones.