El Partido Popular culpa al PSOE de poner en peligro la transferencia que la Ciudad Autónoma recibe para compensar el coste del traslado de los residuos a la Península. Todo ello como consecuencia de una enmienda que los socialistas presentaron ayer en el pleno del Senado. El Pleno del Senado ha debatido y votado en la tarde de ayer el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. En dicho trámite, El PSOE ha conseguido aprobar una enmienda presentada en el Senado, que va a dificultar la financiación por el Estado de la valorización de residuos en Ceuta.
El texto procedente del Congreso decía, en su disposición adicional tercera, que “… la Administración General del Estado establecerá medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península…”.
Tras la enmienda aprobada, ese mismo texto queda ahora redactado del siguiente modo: “… la Administración General del Estado, dentro de la disponibilidad presupuestaria y de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 25.1 podrá establecer medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península...” Financiación
Como consecuencia de dicha modificación, la financiación por el Estado del coste adicional que supone la valorización de los residuos generados en Ceuta pasa, de ser una obligación, como sucedía en la normativa vigente, y como respetaba el proyecto aprobado inicialmente en el Congreso (se decía taxativamente “establecerá”), a ser una posibilidad (“podrá establecer”), condicionada además a la disponibilidad presupuestaria.
Para el senador ceutí Nicolás Fernández Cucurull, “la enmienda aprobada supone un comportamiento desleal del PSOE con Ceuta, que aún puede ser corregido en el Congreso. Si el Sr. Carracao tiene la capacidad de diálogo y la relación con sus grupos parlamentarios en Congreso y Senado de la que tanto presume, que se ponga manos a la obra. Pero habría sido aún mejor que sus compañeros le hubiesen informado a tiempo antes de ponerlo nuevamente en evidencia”. Unas ayudas que vienen desde el cierre del vertedero de Santa Catalina Cuando el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, planteó el cierre del vertedero de Santa Catalina en el año 2001, el primer problema que se le planteaba a la Ciudad Autónoma era que estos residuos deberían ser llevados a la Península, y más concretamente al vertedero que tienen los municipios del Campo de Gibraltar en la población gaditana de los Barrios.
Pues bien, a partir de ahí se instaló la planta de transformación donde diariamente se empaquetan los contenedores que se llevan a la Península.
A su vez, la Administración autonómica negoció con el Estado, en ese momento en manos de un gobierno del Partido Popular, la posibilidad de contar con una subvención para este transporte.
Una obligación que asumió Madrid y que incluso figuraba en una disposición legal que ahora se ha reformado en el Senado.
Además, un transporte de residuos que comenzó a realizarse en los buques convencionales de viajeros y ante esa imposibilidad se decidió que fuera un barco especialmente preparado el que realizara diariamente los viajes.