El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acogió ayer la celebración de la segunda parte del juicio que se seguía contra quien fue administrador de finca. Hubo un cambio de última hora y, antes de que las distintas partes leyeran sus informes finales, se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la Defensa y la Acusación Particular. Y ese acuerdo consistió en que el llamado A.D.LL. aceptó una condena que se hizo pública in voce de 12 meses de prisión por haber realizado un delito societario (vigente en la comisión de los hechos). Se le condena además al pago, como responsabilidad civil, de 80.000 euros. Ese dinero lo tendrá que abonar en el plazo de 2 años a la empresa Ibaceuta S.L. Asimismo, se acordó la suspensión de la pena de prisión al no contar con antecedentes penales, pero condicionada al pago de la responsabilidad civil en el plazo establecido.
El juicio había continuado en la mañana de ayer con la testifical de un inquilino de la empresa Ibaceuta SL. El testigo que declaró por videoconferencia era arrendatario de un inmueble en la calle Jáudenes y era clave para conocer la procedencia de una factura de unas obras y si estas se habían realizado. El testigo explicó a la Sala que el costo íntegro de la fachada corrió de su cuenta debido a la mala situación en la que se encontraba. Asimismo afirmó que colocó un andamio para esas obras y que el acusado pidió que se lo dejara puesto cuando estaba acabando para arreglar una cosa del tejado en la que participó su propio hermano. Una declaración que sirvió para desbaratar la palabra de la Defensa que achacaba la factura presentada en el ejercicio de la liquidación a las obras completas del edificio situado en Jáudenes.
Por otra parte, tuvo la palabra la que hasta ayer era acusada en este mismo juicio y que fue absuelta tras verificarse que había prescripto su supuesto delito. Afirmó que el acusado le dio trabajo como portera de un edificio situado en Teniente Arrabal del cual cobraba 500 euros, pero que no contaba con contrato. Se achacaba en el juicio que su marido, fallecido en 2013, era el que, junto al acusado, supuestamente inflaba las facturas. Ella negó ese aspecto y afirmó que recibió un dinero después del fallecimiento de su marido porque se le debía y que firmaba los distintos contratos de las obras porque su marido se encontraba embargado ya que debía mucho dinero. Además indicó que uno de los socios de Ibaceuta SL, el que reside en nuestra ciudad, lo llamaba para cada obra en su domicilio y lo tenía como su “mayordomo”.
Otro de los testigos fue miembro del consejo de administración de la empresa e indicó que fue miembro de Ibaceuta SL antes de que comenzara el acusado como administrador de finca. Eso sí, señaló que fue su hermano, uno de los socios y que reside en Ceuta, el que le habló del acusado y lo aconsejó para contratarlo en la empresa. Señaló que fue una persona en el que confío plenamente la familia y que una vez descubierto el desfase fue unánime la decisión de todos de seguir adelante en el procedimiento.
Los 3 peritos, dos propuestos por la Acusación y uno por la Defensa, testificaron a la vez para dar la versión de sus distintos informes. Los dos apuntados por la Acusación indicaron que realizaron un análisis en Excell de todas las cuentas y las liquidaciones que estaban selladas y firmadas por el acusado. Ellos explicaron que apreciaron grandes irregularidades hasta poder afirmar que se llevaba dinero. Uno de los peritos llegó incluso a decir: “Estoy muy seguro de mi trabajo y no me he equivocado”, ante las dudas de la Defensa.
Asimismo lo que señalaron como más claro es que siempre tenía un dinero destinado a una cuenta del BBVA con el concepto ‘ingreso BBVA’ y en el que al mes destinaba 1.500 euros. Ellos señalan, como ya se conoció en la primera sesión del juicio, que la empresa no contaba con ninguna cuenta en esa entidad bancaria, y sí el acusado.
Por otra parte, el perito propuesto por la Defensa indicó varios puntos en los que a su juicio se habían cometido irregularidades por parte de sus “colegas”. Señaló que había cuentas y facturas que no venían reflejadas por lo que le era imposible demostrar que la autoría de llevarse ese dinero fuera la del acusado. Todo llevó a más discusión cuando intentaron aclarar entre las facturas que estaban selladas y firmadas y las que no. Los dos peritos de la Acusación indicaron que lo hicieron con las firmadas.
Antes de que terminara el juicio y cuando se esperaba que quedara visto para sentencia declaró el acusado. Se limitó a responder las preguntas de la Fiscalía y su Defensa, rechazando tener que contestar a la Acusación Particular. En su declaración y contestando al Ministerio Público negó haber realizado algún hecho delictivo y dijo que él lo único que hacía era seguir órdenes del consejo de administraciones y, en concreto, del socio que reside en nuestra ciudad.
Sobre las distintas deudas e impuestos no pagados, el acusado explicó que no eran competencias suyas, que él avisaba y que, si no se pagaban, era por dejadez del consejo de administraciones. Además que si no se hacía frente a ellas era porque no se tenía liquidez en ese momento.
Aunque lo más significativo fue cuando la Fiscalía le preguntó sobre los 1.500 euros que destinaba a su cuenta del BBVA cada mes. Aseguró que uno de los meses el socio que vive en Ceuta le indicó que lo ingresara con el concepto: ‘ingreso BBVA’ afirmando ante el Ministerio Público que era una forma de que los demás socios no comprobaran ese movimiento de dinero.
A preguntas de su Defensa afirmó que le dijo al socio ceutí que no tenía conocimientos fiscales y que le contestó que solo tenía que poner los ingresos y los gastos que se producían diariamente. Además de que todas las facturas y liquidaciones eran vistas por esta persona que era la que le indicaba qué tenía que corregir y era cuando lo sellaba y firmaba.
El juicio terminó finalmente con un acercamiento entre las partes y su posterior conformidad, sin que por tanto haya quedado visto para sentencia como se esperaba.
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