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Prisión provisional para las dos españolas casadas con yihadistas

El juez Pedraz rechaza retirarles la patria potestad de sus hijos, pero las manda a la cárcel por "elevado riesgo de fuga"

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión provisional para las dos mujeres españolas esposas de yihadistas que han sido repatriadas esta semana desde Siria junto a trece menores a su cargo y a las que el magistrado investiga por un delito de integración en organización terrorista. A la vecina de Ceuta, Lubna Miludi, que formaba parte del grupo que permanecía en los campos para desplazados en el noreste de Siria, podría esperarle también la repatriación.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha atendido parcialmente a la petición de la Fiscalía tras la declaración de ambas este miércoles en la Audiencia Nacional, si bien ha rechazado retirarles la patria potestad como también había reclamado porque al acordarse la prisión “no existe el riesgo potencial de continuar con un posible adoctrinamiento de los hijos”.

Para acordar la prisión, Pedraz argumenta en su auto que existe un concreto riesgo de fuga en ambas detenidas debido al grave delito que se les atribuye, así como un “evidente” riesgo de reiteración delictiva.

A lo largo del auto, el magistrado explica la trayectoria de las dos mujeres y de sus maridos, que inicialmente estaban investigados en el Sumario 5/2014 por su integración en la autodenominada Brigada Al Andalus, establecida en Madrid y que llevó a cabo labores de radicalización, reclutamiento y posterior facilitación del traslado a Siria e Irak para la comisión de ataques terroristas.

Las dos mujeres, indica, habrían participado en actividades a favor de Dáesh, tanto antes de desplazarse a la zona sirio iraquí, como cuando se trasladaron junto a sus maridos a mediados de 2014 a esas zonas de conflicto, compartiendo y aceptando el mismo destino que aquellos con el “objetivo de demostrar su integración en la referida organización terrorista”.

De ambas mujeres y de otra tercera, continúa la resolución, no se tuvo información fehaciente hasta su aparición en un vídeo del El País, de abril de 2019. En el vídeo, una de ellas, Yolanda Martínez, aseguraba: “llegué sin saberlo, pero estaba muy contenta. Nos dieron una casa y a mi marido un trabajo en el juzgado del ISIS haciendo recados. Por fin tuvimos una situación estable económica”.

Para el juez, pese a los intentos de Martínez por desmarcarse de su integración en Dáesh, sus palabras la delatan, ya que solo a los miembros de esa organización se les cedía una casa y se les daba un trabajo en la administración que el pseudocalifato estaba desarrollando . Además, el hecho de que haya permanecido en aquella zona “muestra el compromiso inquebrantable de ella y su marido con la causa de Dáesh”.

Respecto a Luna Fernández, el magistrado señala que es también conversa al islam y mientras vivió en España jugó un rol clave dentro del grupo de mujeres de los integrantes de la brigada Al Andalus.

En el mismo vídeo mencionado aparecía también esta mujer, y sus palabras en él, según el juez, reflejan la interiorización radical y extremista del Islam, donde la sharía o ley islámica prevalece sobre la legislación de los países, pese a su interés por desmarcarse de Dáesh a lo largo de la entrevista.

El marido de Yolanda Martínez se encuentra en una prisión siria, mientras que el de Luna Fernández murió en combate en el país.

Comparecencia

Durante su comparecencia ante el juez, el fiscal ha recordado que las mujeres eran utilizadas por el autoproclamado Estado Islámico para satisfacer a los que luchaban en sus filas y que su cometido pasaba a ser el de tener y educar a los hijos en los dogmas del Dáesh, según han explicado a EFE fuentes jurídicas presentes en las declaraciones de ambas.

Tras llegar a España la madrugada del martes procedentes de un campo de prisioneros al noreste del país, las dos fueron detenidas y los trece menores, el mayor de 15 años y algunos de ellos huérfanos de los que se ha hecho cargo Luna Fernández, se encuentran bajo la protección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

El abogado de ambas, José Luis Laso, ha defendido que quedaran libertad al explicar que si fueron a Siria lo hicieron por estar junto a sus maridos y sus hijos y no para integrarse en el Dáesh.

Se ha preguntado en este sentido cuántas mujeres de etarras que huyeron a Francia fueron detenidas junto a sus maridos o por qué no se detuvo a las esposas de los acusados por el atentado del 11-M.

Respecto a la situación de los menores, el abogado ha explicado en declaraciones a los medios que su intención es pedir a la Comunidad de Madrid que conceda la custodia a los abuelos de los niños mientras ellas están en prisión

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