Como bien decía nuestro presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la última Convención sobre la Prisión Permanente Revisable el pasado mes de febrero, “lo que es permanente es el dolor de una madre de un menor asesinado o de un hijo víctima del terrorismo. Ese dolor permanente, por desgracia, no es revisable”.
El Partido Popular es el único partido que en solitario apostó en 2015 por sacar adelante esta medida, pero no lo hizo solo, estábamos con los españoles, que querían ver protegida su libertad con mayor seguridad. Creemos que las víctimas merecen el apoyo de toda la sociedad, porque han sufrido crímenes como el terrorismo y el asesinato de menores.
La prisión permanente revisable es un instrumento fundamental para garantizar la seguridad y la libertad de los españoles. España, gracias a medidas como esta, es un país referente en seguridad y libertad. Sin libertad no hay seguridad y sin seguridad, no puede haber libertad.
La Prisión Permanente Revisable es una pena extraordinaria para supuestos de extrema gravedad y crueldad. Su objetivo es impedir que los autores de crímenes graves, sin voluntad de reinserción social, sin mostrar arrepentimiento y que siguen siendo un peligro para la sociedad, recuperen la libertad. Es compatible con la reinserción, siempre que un tribunal confirme que se ha producido la rehabilitación.
No es una cadena perpetua. Cumplida una parte de la condena, que oscila entre los 25 y 35 años, el tribunal deberá revisar de oficio cada dos años si la prisión debe ser mantenida.
La figura jurídica de la prisión permanente revisable fue propuesta por la sociedad española a la reflexión de los legisladores. Cuenta con el apoyo de una mayoría social muy importante: 8 de cada 10 españoles están a favor de esta pena.
La pena podrá también ser revisada si el penado lo solicita, si bien, tras la desestimación de una petición, podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes.
La prisión permanente revisable es plenamente constitucional. Tanto es así que su constitucionalidad ha sido avalada por: el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Es una pena habitual en el derecho comparado y existe en muchos países de Europa: Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza o Dinamarca.
En sintonía con las demandas sociales y las exigencias recogidas por el Partido Popular, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de Ley que propone aplicar la prisión permanente revisable a los violadores en serie, a los secuestros que acaban con la muerte del rehén y a aquellos que atenten contra infraestructuras clave como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y en trenes.
La reforma plantea ampliar su aplicación a los casos en que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, en aquellos abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles, y por incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.
El Partido Popular se felicita y apoya la decisión del Gobierno de actualizar el catálogo de delitos graves a los que se podría aplicar esta pena, de la que se habló detenidamente en la Conferencia de seguridad celebrada por el PP en Córdoba el pasado mes de febrero.
La reforma permanente es imprescindible para mantener actualizado el sistema penal y dentro de él, la prisión permanente es una pena ampliamente apoyada por los españoles y necesaria para los delitos más graves.
El Partido Popular ha presentado mociones en todos los ayuntamientos y ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, con el fin de que la prisión permanente revisable se mantenga en el código penal.
El pasado mes de octubre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley del PNV para iniciar la derogación de esta figura penal, con 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones. No se entienden las prisas de la oposición, ya que aún el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre el recurso que presentaron, y que fue admitido a trámite.
La norma contó en 2015 con todos los avales y que, incluso la ponente del informe favorable del CGPJ, fue la actual portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. Paradójicamente, ahora el PSOE es uno de los máximos defensores de su derogación.
Ciudadanos firmó, en febrero de 2016, un pacto con el PSOE en el que se incluía derogar de manera inmediata la prisión permanente revisable y, posteriormente, apostaron por abstenerse mientras la calificaban de inhumana. El partido de Albert Rivera con cambios como estos se caracteriza permanentemente por la revisión permanente de sus principios, porque con su abstención, con su pasividad, contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogarla. Ciudadanos ni tienen ideas claras ni principios firmes; y no tener las cosas claras o asentadas puede tener consecuencias peligrosas para los españoles.
Este próximo jueves día 15 de marzo, se llevará al Congreso de los Diputados la votación para la iniciar o no la derogación de la Prisión Permanente Revisable a iniciativa del PNV. La intención del Partido Popular es mantenerla ya que una mayoría social la reclama y, por este motivo, se han ampliado de los ocho supuestos iniciales a cinco más.
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