Un ciudadano marroquí ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por ser el patrón de la patera en la que murieron 22 personas tras naufragar en 2018 en las costas de Caños de Meca, en Barbate (Cádiz).
Los restos mortales de algunos de los tripulantes fueron repatriados a Marruecos por la frontera de Ceuta. Según han informado fuentes de la Fiscalía, la pena supone una reducción con respecto a la petición inicial, que era de 12 años, tras haberse llegado a un acuerdo de conformidad por la que el acusado terminó admitiendo los hechos en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Cádiz. El condenado, de nombre Tarik, fue uno de los 22 supervivientes del naufragio ocurrido el 5 de noviembre de 2018 cuando la embarcación de madera en la que viajaban se resquebrajó tras chocar con unas rocas a tan solo 150 metros de la costa gaditana. El viaje había comenzado dos días antes, el 3 de noviembre, en la costa de Marruecos, con más de 40 personas a bordo, de las cuales 31 eran jóvenes de Salé, ciudad vecina de Rabat. El
Gobierno de España evitó ofrecer más detalles al informar sobre la tragedia de Barbate en su respuesta a las cuestiones planteadas por el senador Jon Iñarritu.
Tarik no dio ni alimento ni un chaleco o flotador
Tarik reconoció en el juicio que había sido el patrón de esa embarcación, además de encargarse de otras tareas como cobrar el importe del viaje en connivencia con otras personas que no han podido ser identificadas. La Fiscalía le acusaba de sobrecargar la embarcación y de no proporcionar a los inmigrantes ni comida, ni bebida ni ninguna medida de seguridad básica como chalecos salvavidas o flotadores, elementos que portaban por su cuenta algunos ocupantes.
Los cadáveres aparecieron en las playa cercanas
El siniestro terminó con 22 fallecidos,
cuyos cadáveres fueron apareciendo en las playas cercanas entre el 5 y el 20 de noviembre, de los que todos fueron identificados, salvo dos, mientras que otra veintena de ocupantes, entre ellos el patrón, lograron alcanzar a nado la costa. Inicialmente, la Fiscalía le consideraba autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 22 delitos de homicidio por imprudencia grave, por lo que le pedía ocho años de prisión por el primero, y otros cuatro, la pena máxima, por los homicidios imprudentes. En el acuerdo de conformidad, se ha rebajo la pena casi a la mitad del delito contra los derechos extranjeros mientras que se ha mantenido la de los 22 delitos de homicidio imprudente. En esa rebaja la Fiscalía ha tenido en cuenta que el condenado no tenía antecedentes penales y no había agravante de reincidencia.