El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó en la noche de ayer el ingreso en prisión de seis de los siete detenidos en la operación contra el terrorismo llevada a cabo en Ceuta, Valencia y Alicante por parte de la Policía Nacional. La situación del séptimo (el presunto cabecilla) se conocerá hoy, ya que su toma de declaración será esta mañana. Entre los que han ingresado en prisión incondicional y sin fianza se encuentra el ciudadano sirio arrestado en su vivienda de alquiler de Los Rosales en la que vivía desde hacía unos meses, después de llegar a la ciudad procedente de Madrid.
No se ha podido conocer el contenido del auto, pero sí se sabe que el magistrado Velasco les imputa varios delitos, entre ellos los de pertenencia y financiación de organización terrorista. Además se les acusa de emplear a modo de tapadera la ayuda humanitaria para mandar material al Estado Islámico.
La toma de declaración a los detenidos se extendió durante toda la mañana y tarde. De hecho la decisión adoptada por el magistrado Velasco se conoció pasadas las diez de la noche y solo a modo de avance, ya que no se ha podido conocer todavía algunos de los detalles que han rodeado este operativo policial sobre el que el CNP llevaba trabajando desde hacía un par de años.
A los detenidos se les acusa de enviar cargamentos de armas, material militar o dinero a organizaciones terroristas que operan en Irak y Siria, como Jahbat al Nusra y Daesh, disimulado como ayuda humanitaria. De los siete detenidos, hay cinco españoles de origen sirio, jordano y marroquí, y dos extranjeros residentes, de nacionalidades siria y marroquí. Según informó el Ministerio del Interior a raíz de los arrestos, el grupo desmantelado, al que se comenzó a investigar en 2014, empezó a operar hace tiempo en varios países de Europa hasta asentarse de forma estable y definitiva en España.
El presunto cabecilla del grupo, arrestado en la península, habría conseguido establecer un liderazgo permanente basado en la confianza, en intereses compartidos y en un ideario radical afín. Según la Policía, era el que centralizaba y dirigía toda la actividad a través de un complejo empresarial que le permitía el envío del material desde puertos españoles en contenedores cerrados sin levantar sospechas.
La cobertura fraudulenta que utilizaban para estas remesas era la de envío de ayuda humanitaria a las zonas de conflicto, pero realmente lo que viajaba oculto era material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas de fuego y precursores destinados a la fabricación de explosivos. La financiación provenía principalmente de envíos a través de compañías de transferencias internacionales de dinero, utilizando a personas interpuestas, y sobre todo, por medio de pagos y movimientos de dinero al margen del sistema legal, mediante el método conocido como ‘Hawala’, con el que los investigados eludían controles de las autoridades.