12 meses de prisión por levantar un muro sin tener la licencia permitida

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Ceuta ha condenado a la llamada C.M. por un delito contra la ordenación del territorio. La acusada reconoció los hechos y aceptó la pena de 12 meses de prisión, así como a una multa de 8 meses a razón de 2 euros diarios. C.M., no entrará en prisión, y la pena queda suspendida en el periodo de 2 años al no contar con antecedentes penales. Eso sí, durante ese periodo no podrá cometer otro delito, y tendrá que demoler la construcción en el periodo de 6 meses. De no hacerlo, deberá cumplir los 12 meses de cárcel. Se le ha introducido una atenuante muy cualificada, ya que la acusada lo reconoció desde un primer momento en Fiscalía.

Los hechos a los que se ha hecho referencia en esta conformidad ocurrieron el 8 de junio de 2019. Sobre las 16:15 horas, una patrulla de la Policía Local se personó para realizar una inspección en la barriada de Príncipe Felipe. Ahí, los agentes comprobaron que la acusada había procedido a realizar obras ilegales sin licencia, ocupando para ello parte de parcela incluida dentro del terreno público, consistiendo las obras en cerramiento con bloques de hormigón de la parte delantera de su vivienda.

La mencionada obra se realizó por la acusada siendo consciente y a sabiendas de que carecía de la correspondiente licencia de obra mayor y en una parcela calificada en el plan especial número 4 del PGOU como destinada a zonas verdes y equipamientos.

6 meses de prisión por estafar a otra persona

Por otra parte, la titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Ceuta condenó a la llamada S.B.G. a 6 meses de prisión por un delito de estafa. Así como a devolver a la víctima la cantidad de 588 euros, la cual fue sustraída de su entidad bancaria. La acusada no entrará en prisión, supeditada a que realice el pago de la multa.

La acusada, sin saber cómo realizó la operación, se hizo con los datos bancarios de la víctima, y una vez obtenida esta información fraudulentamente, con el objeto de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito y simulando que el ordenante era su titular, procedió a realizar el 23 de septiembre del año pasado una transferencia a su propia cuenta.