El principio de proporcionalidad mal entendido

Días atrás no daba crédito a la decisión de la Junta de Andalucía en una ciudad como Granada, con una incidencia de rebrotes por coronavirus de más de 600 casos por 100.000 habitantes. Con la excusa de que aún hay capacidad en los hospitales para atender a los enfermos por la pandemia (pero a este ritmo, pronto no la habrá), en lugar de decretar el confinamiento de toda la ciudad, lo que han decidido es que se cierra la Universidad de Granada y se mandan a sus 60.000 estudiantes a sus casas durante dos semanas.

Todo ello lo han plasmado en una Orden de 14 de octubre de 2020, publicada en el BOJA del mismo día, de dudosa legalidad, por el fondo, no por la forma (ya han aprendido en qué legislación básica basarse para que no sean anuladas por los Tribunales), en la que, tras cuatro páginas de justificación jurídica y técnica, disponen el cierre de los centros docentes universitarios de Granada, que no podrán impartir clases presenciales, pese a que en esta universidad se han llevado a cabo todas las medidas de seguridad dispuestas por las autoridades sanitarias.

Las justificaciones técnicas que se dan, aparte de las ya conocidas por las informaciones de las autoridades sanitarias, de la elevada incidencia del coronavirus en Granada, son concretadas en “…el aporte incremental de casos confirmados por edad y por semana epidemiológica, evidencia un pico en los grupos de edad entre 17 años y los 21 años, correspondiendo la máxima frecuencia en los 18 años….”. Evidentemente, decir esto y nada es casi lo mismo, salvo que fuese para adoptar una medida restrictiva de carácter general, que es lo que todos esperábamos. La razón es obvia, pues grupos de edad entre 17 y 21 años los hay en todas las profesiones, sectores y localidades de la provincia.

Sin embargo, en la referida Orden, se matiza aún más en aspectos que deberían quedar circunscritos a los documentos técnicos sanitarios oportunos. Así, se indica que: “…desde el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía se han detectados varias agrupaciones de casos (brotes) que han afectado a distintos ámbitos relacionados con el entorno educativo universitario (colegios mayores, residencias escolares, reuniones sociales domésticas, estudiantes de intercambio). Por ello, se necesita, entre otras, la aplicación de medidas en este grupo concreto de edad que permita reducir las interacciones sociales y evitar la difusión del virus en el entorno universitario…”.

En lugares en los que ha ocurrido algo similar, como Cataluña, los epidemiólogos han reconocido que es en el ámbito universitario y secundaria donde hay más margen de mejora y que el problema está en su entorno y “…en las dinámicas de socialización que rodean a estos centros, las fiestas, el ir a tomar algo, el ocio nocturno... son actividades que no solo hacen estos grupos de edad, pero sí son los que más las practican. Y es ahí donde ahora quiere cortar la Generalitat en una decisión que me parece acertada”. Esto es lo que decía el experto López Acuña hace unos días en El País, para justificar el cierre de bares y restaurantes, además de mantener en los centros universitarios presenciales solo las prácticas.

Pero en Granada ha sido al contrario. Primero se cierra la Universidad. Y, según sea la evolución, se da el siguiente paso. Es decir, se prueba con la enseñanza universitaria, por si esta fuera la causa del incremento de contagios. Y digo yo. ¿No hubiera sido menos costoso y más respetuoso con el principio de proporcionalidad haber aislado a los colegios mayores y residencias universitarias y haber hecho test a los estudiantes de intercambio?.

Los Decanos de la Universidad de Granada han sido muy claros en la carta que dirigieron al Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, al expresar su desacuerdo con la medida que se iba a implantar, entre otras cosas porque “…como profesores, somos conocedores de los usos y hábitos de nuestros estudiantes y nuestra experiencia indica que la docencia telemática acarrea un estilo de vida más activo y social, con todo lo que esto conlleva en la propagación de la enfermedad….Si consideramos estos dos factores, lo que inicialmente se puede intuir como una medida lógica para evitar mayores contagios, podría convertirse en todo lo contrario: será catalizador de nuevos focos alejados del control de la Universidad que desde el comienzo de curso lleva un riguroso seguimiento….”.

Es decir, desde el punto de vista de muchos colegas, que yo comparto, estamos ante una decisión técnica totalmente errónea, cuyos efectos sobre la extensión de la pandemia, podrían ser aún peores. De hecho, a los dos días, una nueva Resolución, en este caso de la Delegación Territorial de Granada, impone determinadas restricciones de movilidad y visita a locales de ocio a la capital y a bastantes municipios del área metropolitana. Por tanto, entiendo que se trata de un acoso injustificado a toda la comunidad universitaria de Granada, estigmatizándola injustamente. O lo que es lo mismo, un auténtico esperpento político, uno más de los muchos a los que nos tienen acostumbrados los actuales gobernantes de la Junta de Andalucía.

Relacionado con esto, pero en otro contexto, el pasado 3 de octubre, en un foro del Campus de Ceuta de la UGR, a propósito de la lección magistral por la apertura del curso académico 2020-2021, manifesté mi protesta por el hecho de que se le hubiera encomendado a un político en activo de la Junta de Andalucía. Aunque yo pertenezca ya al Campus de Granada, desde el comienzo de este curso académico, creo que los años que he pasado en esta ciudad, algunos de ellos trabajando en ese Campus, me permitían expresar mi opinión. Decía lo siguiente: “Bajo mi punto de vista, haber encomendado la lección magistral al Sr. Bravo, por mucho diputado nacional del PP por Ceuta que haya sido, me parece una "metedura de pata" garrafal. Considero que estos espacios deberían estar reservados para gentes del mundo académico y de la investigación. No para políticos de ninguna tendencia. Salvo que se tratara de la apertura del curso en la Facultad de Ciencias Políticas. Una pena que nuestro Decano se despida de esta forma. Que conste mi protesta y mi desacuerdo. Saludos.”.

Uno de los comentarios que se hicieron en respuesta al mío fue, literalmente, el siguiente: “Pues yo digo lo mismo que A…. Me parece el mensaje de una persona intolerante y lo que no es de recibo que diga lo de la despedida del decano y que ponga cuarentena el intachable trabajo del mismo durante cuatro años por haber traído a un miembro del cuerpo de inspectores de hacienda, cuando hemos tenido algún personaje que otro dando conferencias en la Facultad. Insisto en que no es de recibo. No quería entrar en esto temas pero lo w no puede ser ss que siempre sean los mismos los que sienten cátedra.”. A continuación, una cantidad importante de miembros del grupo, salimos del mismo.

Cuento esto, a propósito de la actuación de la Junta de Andalucía para con la Universidad de Granada, lo cual me lleva a reafirmarme en mi opinión referente a la conveniencia de evitar, en la medida de lo posible, invitar a cargos políticos en activo, a que dicten las lecciones magistrales de apertura de curso en centros universitarios.

Esperemos que las autoridades académicas de esta universidad que decidieron invitar al Consejero de Economía de la Junta de Andalucía a dicho acto se arrepientan y pidan disculpas a toda la comunidad universitaria, después de conocerse la deplorable actuación que han tenido declarando el injusto cierre de la actividad docente presencial en la Universidad de Granada.