Principio de acuerdo para llevar a la península a 100 menores desde Ceuta

Las comunidades autónomas han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo técnico con el Gobierno central para el traslado a la península y Baleares de 100 menores migrantes no acompañados desde Ceuta, un tercio de los acogidos actualmente en la ciudad, y otros 300 desde Canarias para aliviar la presión de los recursos asistenciales de estas zonas de llegada.

Ese ha sido el resultado de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en Madrid, según ha explicado en declaraciones a los medios el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, que visitó Ceuta la semana pasada.

El planteamiento ha prosperado a pesar del malestar de algunas Comunidades Autónomas por la divulgación del proyecto de reforma legal con el que se prevé obligar a las autonomías a hacerse cargo este mismo año de 2.500 niños (2.350 procedentes de Canarias y 150 de Ceuta).

Se trata de un acuerdo preliminar porque debe ser aprobado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, prevista para la primera quincena de mayo, por lo que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han querido ser prudentes, aunque esperan “cierto consenso” después de este primer encuentro.

En el año 2022 la Conferencia Sectorial de Infancia aprobó el Modelo de Gestión de contingencias migratorias para la infancia y la adolescencia no acompañada para dar respuesta voluntaria, desde una perspectiva tanto estratégica como operativa, a las necesidades derivadas de llegadas de gran número de personas menores de edad no acompañadas que exijan un sobre esfuerzo a las entidades públicas.

El Gobierno de la Nación, en una línea con la que coincide el de Ceuta, está impulsando ahora un cambio de la Ley de Extranjería que haga obligatoria la aceptación de la derivación de menores desde las regiones en las que quede acreditada una sobreocupación de sus recursos superior al 150%.

Ese es el caso actual de la ciudad autónoma, cuya capacidad máxima se ha fijado en 88 plazas, pero que actualmente atiende a casi 300 menores de manera directa o con la colaboración de entidades sociales como la Fundación SAMU o la asociación Engloba.

El Ejecutivo local se vio obligado este martes a utilizar todo su fondo de contingencia presupuestaria de 2024, medio millón de euros, para cubrir las deudas contraídas por el crecimiento exponencial registrado desde principios de año en el número de menores migrantes sin compañía de los que se ha hecho cargo.

Durante los últimos tres meses y medio el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad ha recibido a más de 300 chicos, sobre todo varones adolescentes de nacionalidad marroquí con 16 o 17 años, mientras que en el mismo periodo del año anterior tuvo que hacer lo propio con apenas medio centenar.