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El Príncipe protestará ante el Ayuntamiento o en la planta de residuos si se implanta en el barrio

  • Los vecinos dicen a Ramos que "se lleve a la puerta de su casa" ese vertedero que puede generar “polvo y ruido”

Los vecinos del Príncipe siguieron con atención la intervención del consejero de Medio Ambiente, Fernando Ramos, en el Pleno de la Asamblea de este lunes a propósito de una interpelación de MDYC sobre la instalación de una planta de residuos en la zona de la Compañía de las Lanzas. En su nombre, Hicham Ahmed Abderrahman, presidente de la asociación de vecinos Príncipe Alfonso-Calle Norte, ha advertido de que la barriada emprenderá movilizaciones “delante del Ayuntamiento, en la puerta del vertedero o donde haga falta” en caso de que la Ciudad Autónoma no atienda sus alegaciones y el proyecto continúe.

El consejero Ramos reconoció ante los diputados, como ayer publicó este periódico, que la actividad de gestión de residuos y reciclado “puede ser molesta por ruido o emisiones de polvo, pero no nociva”. Ante esa aseveración, Ahmed invitó al titular de Medio Ambiente a que esa planta “se la lleve a la puerta de su casa”. El anuncio de que el Gobierno tiene previsto exigir medidas preventivas para que el polvo en suspensión no moleste en el entorno tampoco convenció a los vecinos que están “dispuestos a concentrarse, manifestarse o lo que sea necesario” para que dejen la idea de montar la planta a entre “60 y 100 metros de cuatro casas” de la barriada.

El presidente de la asociación Príncipe Alfonso-Calle Norte hiló su ubicación en la barriada con la afirmación de que las administraciones envían al extrarradio todas las actividades que causan un perjuicio como es, a su juicio, esta planta de residuos. La postura de los vecinos es inamovible, como indicó Ahmed, quien dijo que solo aceptan la “paralización” del vertedero. El vecindario ya ha presentado alegaciones, que Medio Ambiente se comprometió en el Pleno a “contestar” y a buscar una “comunicación fluida con los interesados”.

En las alegaciones, los afectados argumentan que la parcela donde pretenden la implantación de la actividad es una “propiedad del Ministerio de Defensa”, que tiene arrendada a una “mercantil” y, en dicho contrato, “únicamente se autoriza a la misma para el vertido y acopio de tierras limpias, no constando en el expediente abierto en la Consejería de Fomento la autorización expresa de Defensa autorizando el cambio de actividad”. Asimismo, los firmantes dudan de que la cartera de María Dolores de Cospedal haya autorizado la “construcción de elementos necesarios” tales como “soleras de hormigón, nave para los residuos peligrosos, canalizaciones de aguas pluviales y separadores de grasa para las aguas contaminadas”, etcétera.

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