El Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (
BOCCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (
SEPE) han publicado este lunes el primer listado provisional de beneficiarios del
Plan de Empleo 2022-2023. Son los programas ligados a educación, alrededor de 200 puestos con una duración de ocho meses. Aún resta por publicar un segundo listado provisional que contendrá, aproximadamente, el doble de de beneficiarios que este primero: cerca de 500.
El primer listado del Plan de Empleo 2022-2023 incluye cerca de 200 nombres y de las siguientes categorías profesionales: técnico superior y medio en prevención de riesgos laborales, enfermera, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería, ordenanza, arquitecto técnico, jefe de equipo, pintor, fontanero, electricista, albañil, carpintero, conserje, peón de limpieza, promotor de autonomía personal, fisioterapeuta, técnico de educación en hábitos alimenticios, asistente educativo, mentor académico, auxiliar controlador y técnico en TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). De conformidad con lo dispuesto en el Anexo II del procedimiento de Gestión de las Ofertas publicado en BOCCE de 5 de octubre 2022 según la resolución de adjudicación de la convocatoria para el Plan de Corporaciones Locales, se ha procedido a la publicación del listado provisional a los efectos de máxima difusión. El plazo de alegaciones es de cinco días naturales a partir del día siguiente a la publicación en BOCCE, a presentar Rampa de Abastos nº 3.
El formulario para la presentación de alegaciones está disponible aquí. La documentación a presentar por los seleccionados para el Plan de Empleo Corporación Local 2022-2023
se puede consultar aquí. La presente edición, gestionada por la Ciudad
Los Planes de Empleo vuelven a ser gestionados por la Ciudad en su edición 2022-2023, una vez renunció la Delegación del Gobierno a seguir llevando las riendas de una parte, como durante los últimos años, para centrarse en políticas activas con mayor calado formativo y evitar el conflicto generado por las retribuciones que ha venido abonando a sus beneficiarios, que la Justicia exige equiparar a las que percibe el personal laboral de la Administración General del Estado.