Los tribunales de Marruecos han puesto en marcha por primera vez en su historia los procesos telemáticos, un proyecto que llevaba años en discusiones y que se ha concretado ahora gracias a las medidas de confinamiento decretadas por el coronavirus.
Es un proyecto en el que contribuyeron el Ministerio de Justicia, el Consejo Superior del Poder Judicial y la Fiscalía General para su implementación durante el período de emergencia sanitaria, decretada desde el 20 de marzo hasta el 20 de mayo, pero con la idea de mantenerlo en el futuro.
Pese a la falta de una normativa ad hoc, la medida fue dictada para evitar un eventual colapso de los tribunales por la cantidad de juicios acumulados, más la aparición de casos de infecciones de la COVID-19 en algunas cárceles del país magrebí, en las que abundan los presos preventivos a la espera de un juicio.
El caso más grave se registró en la prisión de Ouarzazate (sur) donde se registraron 303 casos positivos, de los que 241 son reos y 62 son funcionarios, convirtiéndose en uno de los focos más graves del país, lo que obligó a la administración penitenciaria a suspender provisionalmente en todo el país el traslado de los presos a los tribunales para evitar los contagios.
El Tribunal de Primera Instancia de Salé, vecina de Rabat, fue el primero en dar la semana pasada el pistoletazo de salida de estos procesos telemáticos, que se han aplicado después en las jurisdicciones de todo el país.
Con cámaras y televisores colocados en varios ángulos de la sala, la sesión telemática se desarrolla en presencia del magistrado presidente de la audiencia, el representante de la Fiscalía, el secretario del tribunal y los abogados, todos ellos con mascarillas, pero sin la presencia física del acusado.
"Baja la mascarilla para que te pueda ver la cara", le pide el juez al acusado que aparece en una pantalla de ordenador colocada frente al magistrado, mientras comprueba la identidad del reo con la ficha y foto que tiene delante, antes de preguntarle si da su expreso acuerdo al proceso telemático..
La sesión se desarrolla con normalidad entre los interrogatorios del magistrado Abdeslam Hmamou, que luego da paso a la intervención de la vicefiscal Samia Hamdaoui, y después escucha a la defensa de los abogados, mientras el reo sigue su proceso desde una sala de la penitenciaría donde está recluso.
Así se desarrolla la mañana entre varios casos telemáticos, casi todos por casos de tráfico de droga, uso de violencia contra agentes públicos, ebriedad e infracción de las medidas de confinamiento sanitario.
Las penas pronunciadas en estos juicios rápidos en la sesión del 4 de mayo oscilaron entre siete meses y tres años de cárcel.
Las violaciones a los dispositivos del confinamiento sanitario han supuesto una mayor presión sobre la actividad de los tribunales, toda vez que la Fiscalía ha abierto más 50.000 casos por estos delitos, según las cifras de la institución.
Un ejemplo: antes de implantarse la justicia telemática, 56 personas pasaron ante el Tribunal de Salé en un solo día (30 de marzo) por violar el confinamiento; de ellos, cuatro fueron condenados a penas de entre uno y dos meses de cárcel, más multas, y el resto quedaron en libertad condicional.
Tras la aparición de los procesos a distancia, el criterio es el siguiente: si el acusado goza de libertad provisional, su caso se pospone hasta que termine el Estado de emergencia sanitaria, mientras que los nuevos "juicios por televisión" se reservan a los casos de detención preventiva y cuando son delitos leves.
El presidente del Tribunal de Primera Instancia de Salé, Omar Nahal, explicó que hay en su tribunal una media de diez casos diarios de procesos telemáticos que vienen a ser tratados desde que se lanzó el proyecto el 27 de abril.
"Estos procesos se llevan a cabo previo consentimiento del reo y de su abogado, no son obligatorios y tienen todas las garantías de un juicio justo en cuando a la presencia de la defensa, los interrogatorios o la presencia del preso por videoconferencia", aseveró.
Nahal subrayó que se trata de una medida provisional para proteger tanto a los reos como al personal de justicia y evitar la propagación de la pandemia, a la espera de que se aprobase una normativa ad hoc.
El funcionario citó las ventajas de esta nueva justicia: reduce gastos y evita la concentración de personas, y dijo confiar en que pronto se aplique a los procesos civiles.
Sin embargo, los juicios telemáticos han despertado reticencias entre muchos abogados, que destacan la ausencia de un marco legal, la dificultad de tener contacto directo con sus clientes o que la justicia telemática podría afectar a la "íntima convicción" del juez cuando tenga al preso enfrente de él.
Para responder a estas preocupaciones, la Fiscalía General puso en marcha un dispositivo que permite a los abogados tener contacto telefónico con su cliente tres días antes de la fecha de la audiencia.
La urgencia de las medidas decretadas por el coronavirus obliga a plantearse nuevas cuestiones casi cada día. Todos coinciden en que será necesaria una ley 'ad hoc' que dé carta de naturaleza a esta inédita justicia vía pantallas.
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